La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados debate este jueves el dictamen del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, una norma que previsiblemente será aprobada el próximo 26 de mayo.
Se trata de una ley que ha despertado polémica desde el principio y pese a que está en vísperas de ver la luz esta situación no ha cambiado. CCOO, UGT y CGT no han dudado en calificarla como fracaso. "Queremos mostrar nuestra posición de rechazo casi frontal al anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que conocemos hasta la fecha. Nuestras enmiendas presentadas han tenido muy buena acogida por el bloque de izquierdas pero no así con algunos partidos nacionalistas", ha explicado ante los medios Cristina Bermejo, de Comisiones Obreras.
Pero, ¿qué es concretamente lo que no gusta a las organizaciones sindicales? "Entendemos que no soluciona los problemas del sector, está beneficiando sobre todo a los lobbies empresariales privados. Lo que se pretendía con esta ley era trasponer la directiva europea del año 2018 para introducir modificaciones de todo el entramado empresarial español pero lo que nos hemos encontrado es que esta nueva ley pretende dar una vuelta de tuerca a la que ya fue una ley ultraliberal del partido popular en el año 2012 sobre la promovida dos años antes por el Gobierno de Zapatero", apunta Bermejo.
Uno de los puntos que menos gusta a los sindicatos es la parte que corresponde a la financiación de RTVE. Desde que la Corporación pública no tiene publicidad se financia a través de dos días: con los Presupuestos Generales del Estado y con aportaciones de los grupos de comunicación privados y las compañías de telecomunicaciones.
"Los medios de comunicación públicos necesitan una financiación estable. Necesitan una ley que siente las bases para una financiación estable que garantice su independencia", apuntan desde UGT.
El problema recae en que la nueva ley pretende eliminar el porcentaje de financiación que recibe la Corporación de RTVE por parte de las telecos, una partida que se va a compensar imponiendo a las plataformas de streaming que destinen parte de sus ingresos.
"Quieren suprimir el porcentaje que aportaban las operadoras de telecomunicaciones, que no era cosa menor, un 13% de la financiación de RTVE y lo que se pretende es que lo compensen las nuevas plataformas digitales. ¿El problema? Es que son difícilmente fiscalizables porque muchas de ellas no tributan en España. Ese 5% va a ser mucho menor que el 13% que aportaban las empresas de telecomunicaciones. Esto supone que no tenemos claro los ingresos reales que pueden aportar esas plataformas y por tanto hay una indefinición absoluta de como va a quedar ese porcentaje de financiación sustituido. Creemos que como mucho alcanzaría seis o siete millones de euros respecto a los 120 millones que ahora mismo están aportando las telecos", denuncia Bermejo.
Cambios de última hora
Las últimas polémicas también han llegado al Congreso, sobre todo, después de que el Gobierno haya remitido un listado para vetar una serie de enmiendas de la oposición al proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, y lo ha hecho a última hora.
El presidente de la comisión, Celso Delgado, del Partido Popular, ha informado de que recibieron el escrito del Gobierno con este listado y que se aceptó por mayoría. El Grupo Popular ha expresado su criterio en contra porque considera que es "extemporánea" ya que "no parece razonable" presentarlo "con tampoco tiempo de antelación" y que los grupos afectados no tengan "capacidad de reacción". Por este motivo, el PP pidió que el debate se aplazara para otra fecha, pero no ha sido apoyado.
Por su parte, el diputado de Navarra Suma Sergio Sayas ha comenzado su intervención anunciando que no participará en la Comisión y ha rechazado que una Ley con más de 1.000 enmiendas "se vea en una mañana". "No voy a ser cómplice de la farsa del Gobierno", ha declarado, para después añadir que "es una falta de respeto a esta Cámara".
