El Supremo declara que la Justicia Gratuita es un servicio público no sometido a libre competencia

El Tribunal Supremo considera que "la naturaleza jurídica de la actividad de la asistencia jurídica gratuita es de servicio público de carácter prestacional" y, por tanto no está sujeta a las reglas de libre competencia.

Por ello ha anulado las multas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia había impuesto a la Abogacía y al Colegio de Abogados de Guadalajara. 

Las sentencias, de 15 y 1 de julio, respectivamente, indican que "no nos encontramos ante la existencia de un mercado en el que entren en juego las reglas de la libre competencia", situación que constituye el presupuesto objetivo para poder aplicar la prohibición contenida en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, referida a las conductas que impiden, restrinjan o falseen la competencia".

En la sentencia de 15 de julio, el tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado y confirma el fallo de la Audiencia Nacional que anuló una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia en la que se imponía al Consejo General de la Abogacía una multa de 59.983 euros por una infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia cometida en la gestión del servicio de asistencia jurídica gratuita.

En la otra sentencia, confirma la anulación de una sanción de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Guadalajara también por conductas anticompetitivas.

Sin posibilidad de elegir

La Sala destaca que este servicio lo prestan letrados específicamente formados para asistir a quienes se les reconoce el derecho a la justicia gratuita; y que en el marco de la relación profesional entablada, el beneficiario del turno de oficio no tiene posibilidad de designar a su letrado ni de fijar o pacta su remuneración, que es sufragada por el Estado.

Después de analizar la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, los ponentes, los magistrados Bandrés Sánchez-Cruzat y Calvo Rojas, concluyen que los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas de los Colegios de Abogados, o, como en este caso, del Consejo General de la Abogacía Española, "son susceptibles de vulnerar las reglas de la libre competencia".

Sin embargo, para que esto suceda deben incidir en la regulación del ejercicio profesional de los abogados que corresponde a la actuación en el mercado de libre prestación de servicios de defensa y asesoría jurídica, en cuanto se refiere a la oferta de servicios profesionales prestados y a las condiciones de remuneración de los mismos".

Por el contrario, estiman que cuando se trata de los servicios profesionales prestados por abogados del turno de oficio de asistencia jurídica gratuita, no resultan aplicables las normas comunitarias o nacionales de competencia.

La Sala no comparte la tesis del Abogado del Estado cuando afirma que la organización y regulación del servicio de justicia gratuita es una actividad económica desarrollada por abogados en un mercado constituido por los servicios profesionales de los abogados privados y los abogados inscritos al turno de oficio.

Por último, advierten que la conclusión que alcanza sobre la inaplicabilidad de la Ley de Defensa de la Competencia al ámbito estricto de la regulación corporativa del servicio de asistencia jurídica gratuita "no implica que los acuerdos de los Colegios de Abogados adoptados respecto de la ordenación del servicio de asistencia jurídica gratuita estén exentos del control de juridicidad que corresponde a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Constitución.

Este control incluye, en su caso, examinar si las medidas adoptadas para garantizar la regularidad y calidad en la prestación del servicio son adecuadas e idóneas para cumplir los objetivos fijados en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y en las normas complementarias.

Voto discordante

La sentencia contiene un voto particular del presidente de la Sección Tercera, Eduardo Espín, en el que considera que el planteamiento sin matices de la sentencia mayoritaria es equivocado y refleja una concepción de la actividad de la abogacía escasamente compatible con la jurisprudencia de la Sala.

Según este magistrado, la especial consideración de la prestación del servicio de justicia gratuita en aras de una adecuada tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos con independencia de su condición económica no supone que la labor profesional de los abogados del turno de oficio deba quedar al margen de su consideración como una actividad de contenido económico.

Además, entiende que el rígido planteamiento de la sentencia mayoritaria ha impedido responder a determinadas alegaciones que aunque no condujeran a la estimación de los recursos sí se deberían haber atendido en las sentencias dictadas.

Por ejemplo, la mayor abundancia de letrados en el turno de cualquier colegio, explica este magistrado, si bien por si mismo no supone crear un mercado competitivo propiamente tal entre los letrados que lo integren "muy bien pudiera entenderse que redundaría en una mayor oferta de profesionales y un mejor servicio de justicia gratuita. Tales alegaciones hubieran tenido cabida en el enfoque propugnado en este voto particular, sin que ello implique que hubiesen sido estimadas".

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