El exministro de Hacienda durante los Gobiernos de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, se ha situado en el ojo del huracán ante las críticas de los asesores fiscales por el mantenimiento de la declaración de bienes en el extranjero un año después de que se conociera el dictamen motivado de Bruselas, que decía que su regulación no se ajusta al Derecho comunitario y que invade cinco derechos fundamentales europeos.
La Comisión Europea dictaminó que es ilegal la normativa española que regula la declaración de bienes en el extranjero -conocida como Modelo 720- e impone multas de hasta el 150% de la ganancia patrimonial no justificada, en el caso de que no se haya declarado o se haya declarado de forma extemporánea. El caso es que Hacienda lo ha mantenido en secreto durante casi dos años.
Para conocer su punto de vista, tras la requisitoria de la Audiencia Nacional para que se entregara el documento a un contribuyentes sancionado, elEconomista ha hablado con el exministro.
¿Por qué no se han adoptado medidas tras conocer el informe de Bruselas?
La Comisión Europea en su dictamen motivado de febrero de 2017 explica cuáles son sus puntos de vista, pero se trata de una opinión que no es vinculante, ya que no tiene capacidad para adoptar otra medida que no sea llevar el asunto a los tribunales y, por ahora, no lo ha hecho. Este asunto de recabar la información, en términos políticos, debería haberlo llevado a cabo la Comisión Europea, que tiene una serie de competencias.
¿Y si llega a los tribunales?
Yo no digo que las cosas las hayamos hecho bien del todo. Ahí está, por ejemplo el céntimo sanitario o la amortización del fondo financiero, que fueron anulados por los tribunales. Yo como ministro nunca he discutido con los árbitros. Por ello, con el céntimo sanitario, el Ministerio de Economía montó un dispositivo para la devolución de lo recaudado. ¿Se podía haber hecho mejor? Pues sí, pero que lo haga un Gobierno de Derechas para combatir el fraude tiene mucho mérito. ¿Por qué no lo recurrió el PSOE? ¿Por qué no ha modificado la Ley el nuevo Gobierno? En el mismo Real Decreto-Ley de la Declaración Tributaria Especial (DTE) se incluyó la deducibilidad de los gastos financieros y esa no la ha recurrido nadie.
¿Pero no se ha dulcificado el tratamiento en los últimos tiempos?
Lo que hizo la Dirección General de Tributos es una interpretación de la norma para que quienes declaran voluntariamente no padezcan sanciones tan altas. La instauración del Modelo 720 ha sido un auténtico éxito, tanto por lo recaudado como por la información obtenida por la Agencia Tributaria.
"Medidas como la DTE y el Modelo 720 nos sacaron de la crisis económica que padecíamos"
Además, medidas como la DTE y el Modelo 720 nos sacaron de la crisis económica que padecíamos. Y la regularización afectó a 40.000 contribuyentes que no declaraban esas rentas. Esta es una información de la que Hacienda no había dispuesto antes. Las últimas cifras, aunque no están actualizadas son bastante claras al respecto. Además la percepción sobre el fraude fiscal que se tiene en España gracias a esta medida es muy superior a la que existía antes de su adopción. No se puede olvidar que se trata de personas que no han declarado sus bienes en el extranjero. ¿Cómo se le puede olvidar a alguien que tiene más de 300.000 euros en una cuenta? Eso es un delito.
¿La amnistía fiscal se declaró inconstitucional, puede ocurrir lo mismo con esta norma?
Hay que recordar la diferencia entre la DTE y la información de bienes en el extranjero. En el primero de los casos, el Tribunal Constitucional declaró que la Ley no se ajustaba a la Carta Magna, porque se había utilizado la figura del Real Decreto-Ley y luego añadieron los magistrados, algunas consideraciones, pero los argumentos para anularla se refirieron al instrumento legislativo empleado. Sin embargo, la declaración de bienes en el extranjero se rige por una Ley, que no fue recurrida por ningún grupo político. Se trata de una Ley aprobada por el Parlamento, que el Tribunal Constitucional no anula en favor de la seguridad jurídica y por eso, se mantienen las regularizaciones llevadas a cabo. La DTE no eximía de otros delitos, lo que supone que quienes tenían dinero procedente del tráfico de drogas o de otros delitos graves ha tenido que dar la cara ante los tribunales de Justicia por ellos.
