El Ministerio de Justicia destinará este año 50,1 millones de euros, un 50 por ciento más que en 2017, para la construcción de nuevos edificios judiciales, según su titular Rafael Catalá.
Además, se destinarán 108,6 millones de euros a gasto social en áreas de especial sensibilidad para el ciudadano, lo que supone un incremento del 31 por ciento sobre 2017.
En este capítulo, las cuentas de Justicia reflejan el esfuerzo presupuestario derivado del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que supondrá asignar 58,8 millones de euros a la puesta en marcha de medidas de refuerzo de la asistencia jurídica gratuita, a las Oficinas de la Asistencia a las Víctimas y a las Unidades de Valoración Forense Integral.
Con estas inversiones, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, se persigue mejorar con más medios personales y materiales la atención profesional a las víctimas e incrementar el número de mujeres a las que se presta asesoramiento. Por otro lado, la dotación para financiar la asistencia jurídica gratuita se eleva un 32,6 por ciento hasta los 48,7 millones de euros, con los que se prevé incrementar los importes que se satisfacen por la prestación de este servicio desde los colegios de abogados y procuradores.
Incremento general
El gasto público en Justicia del Estado se elevará en 2018 hasta los 1.926,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento respecto a la partida asignada a esta materia en 2017. Con 1.754 millones de euros de presupuesto, el Ministerio de Justicia es la institución a la que se destina la mayor inversión, el 91 por ciento, mientras que el 9 por ciento restante se reparte entre los organismos autónomos dependientes del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las comunidades autónomas recibirán 4.244 millones de euros más que en el ejercicio pasado. Esta situación llevó a que Catalá comentase que "así tendrán mucho más dinero para sus propuestas públicas y sus consejeros de Hacienda van a tener muchos más recursos que en años anteriores, se lo diré a los consejeros de Justicia para que les reclamen más medios".
Gastos de personal
En el capítulo de gastos de personal se destinarán a lo largo de 2018 1.382,8 millones de euros, el 78,7 por ciento del presupuesto total del Ministerio, lo que supone un incremento del 2,5 por ciento respecto a las cuentas del pasado ejercicio.
Esta dotación se traducirá en un aumento retributivo del 1,75 para el personal de la Administración de Justicia y en la mejora de la calidad y profesionalización del empleo mediante una Oferta de Empleo Público con 3.759 plazas.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado califica como prioritaria la Administración de Justicia por lo que habilita una tasa de reposición del cien por cien para los distintos Cuerpos, lo que permitirá este año la creación de 1.087 nuevas plazas. Además, y con objeto de reducir la temporalidad se ofertarán otras 2.672 plazas hasta ahora ocupadas por personal interino. Asimismo, la Oferta de Empleo Público de 2018 permitirá incorporar 300 nuevos jueces y fiscales.
Justicia apuesta también por una mejora de las prestaciones sanitarias y sociales de sus profesionales, partidas que recibirán 104,5 millones de euros a través de la Mutualidad General Judicial y por el refuerzo de su formación, a la que se destinarán 10 millones para la carrera fiscal, letrados y otros Cuerpos de funcionarios de la Ad-ministración de Justicia en el Centro de Estudios Jurídicos.
Las reclamaciones son muy diversas, según reconoció ayer Catalá, pero gran parte de las referidas al incremento salarial y a la oferta de empleo público pueden ser respondidas con los PGE. "No hace falta que me monten una huelga para que empecemos a negociar, ya estamos negociando", señaló Rafael Catalá.
Transformación digital
En cuanto a la transformación digital de la Administración de Justicia, el Presupuesto de 2018 contempla una inversión de 131,3 millones de euros que permitirán, entre otras actuaciones, consolidar y completar los proyectos de Justicia y Fiscalía digital, diseñar el nuevo sistema de gestión procesal del Ministerio de Justicia, ofrecer nuevos servicios tecnológicos a profesionales y ciudadanos, reforzar la formación a los usuarios de servicios digitales de las sedes judiciales y renovar el equipamiento audiovisual de las salas de vista.
Además, se incrementará la seguridad de los sistemas de la Administración de Justicia a través del fortalecimiento de las infraestructuras del Centro de Proceso de Datos y se pondrá en marcha un nuevo Centro de Control Tecnológico que permitirá mejorar la monitorización en tiempo real de los servicios.
Se incluyen también 2,8 millones de euros para la transformación y modernización tecnológica del nuevo Registro Civil digital.
