Guatemala, 9 feb (EFE).- Un abogado guatemalteco presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que el presidente Jimmy Morales y el Congreso se abstengan de promover acciones que limiten a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) o intenten expulsar a su jefe, el colombiano Iván Velásquez.
El recurso, según confirmaron hoy a Efe fuentes próximas al letrado Alfonso Carrillo Marroquín, fue presentado el miércoles y tiene como fin prohibir al mandatario o al organismo legislativo realizar acciones para "modificar, denunciar, derogar o dar por terminado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala", que da vida a la Cicig.
Asimismo, busca proteger la labor de Velásquez y evitar la posibilidad de hacer reformas a marcos legales como la Ley Orgánica del Ministerio Público o el Código Procesal Penal para limitar la participación de los dos entes en los procesos penales.
Este amparo, y otros que ha interpuesto el letrado en este mismo sentido, "se sustentan en la amenaza que constituye que tanto el presidente como el Congreso de la República utilicen el poder que les confiere el ejercicio del cargo" para "tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros".
Esto, agrega, en vista del "claro conflicto de interés que existe cuando tanto familiares del presidente como de diputados del Congreso forman parte de procesos penales planteados por el Ministerio Público y la Cicig".
Precisamente el amparo hace referencia a que el acuerdo de creación de la comisión señala que actuará con "absoluta independencia funcional".
Entre las acciones solicitadas está que Morales "cese inmediatamente todo acto, comunicación o petición dirigida personalmente o través de sus funcionarios públicos subalternos al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) o a los representantes de la comunidad internacional" contra la Comisión o Velásquez.
En ese mismo contexto, pide que "se abstenga de emitir cualquier decisión, disposición reglamentaria, acuerdo o acuerdo gubernativo, o de presentar ante el Congreso de la República cualquier iniciativa de ley".
En cuánto al Congreso busca, entre otras cosas, que pueda tomar decisiones como "derogar, dar por terminado, limitar, alterar o modificar de cualquier forma el texto del acuerdo" de la Comisión, o provocar su destitución, alteración o limitación de las funciones del jurista colombiano.
Este amparo se presenta después de conocer que la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, pidió el pasado 1 de febrero al secretario general de la ONU, António Guterres, que despidiera al jurista colombiano por supuestamente extralimitarse en sus funciones, un hecho que ella había negado previamente.
En el documento publicado por el medio local El Periódico no se recoge la petición expresa de la ministra, pero sí la contestación del secretario general de la ONU: "No puedo en este momento sacar fuera a este señor".
La filtración, que reproduce varias quejas de Guatemala sobre el actuar de la comisión bajo el mando del abogado colombiano, sale a la luz en un momento en el que las tensiones entre ambas instituciones están en su punto más álgido, después de que Morales intentara, sin éxito, expulsar a Velásquez el pasado agosto.
La conversación entre ambos, según el escrito, finalizó con un cordial "hasta siempre" y la sugerencia de Guterres a Guatemala de que conforme un equipo de trabajo para solucionar las diferencias o bien "requiera por escrito de manera formal la sustitución" de Velásquez.
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