Guatemala, 5 feb (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores guatemalteca, Sandra Jovel, reconoció hoy que la semana pasada, durante la reunión que mantuvo con el secretario general de la ONU, António Guterres, se quejó del comportamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Algunas de estas quejas fueron la "mediatización de los casos, la mediatización de la presunción de inocencia y la injerencia", dijo la canciller a la prensa después de la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, donde anunció la posibilidad de crear un grupo entre ambas partes para "trabajar estas preocupaciones".
Jovel tuvo el 1 de febrero su primera reunión de trabajo con Guterres, aunque ninguno de los dos reconoció haber tratado el tema de la CICIG, un asunto polémico desde que el pasado mes de agosto el presidente Jimmy Morales fracasara en su intento de expulsar del país al comisionado colombiano Iván Velásquez.
En ese encuentro, ambos funcionarios hablaron de temas de la "relación multilateral", como derechos humanos o misiones de paz, pero también hubo tiempo para compartir "preocupaciones" sobre la CICIG, un ente de la ONU creado en 2006.
En este sentido, Jovel aseguró que se está trabajando en el marco del artículo 12 del acuerdo de creación de este organismo titulado "solución de controversias", en el que se señala que todo desacuerdo entre las partes relacionado "con la interpretación o con la aplicación del presente acuerdo se resolverá por negociación".
"Estamos trabajando en la mesa de diálogo. Es posible que se cree un grupo de Naciones Unidas y Guatemala para trabajar estas preocupaciones", añadió la ministra sin dar más detalles, aunque sí insistió en la injerencia, pues "en algunos medios de comunicación se hace alusión a ciertos tópicos".
Jovel no había confirmado esta reunión con Guterres de forma previa porque no tenía la "confirmación de la cita" y no quería "generar especulación sobre lo que estaba ocurriendo".
"Las relaciones internacionales también tienen algún tipo de información confidencial", enfatizó.
El pasado mes de agosto, Morales intentó expulsar a Velásquez de Guatemala por considerar que se extralimitaba en sus funciones, manipulando a los medios de comunicación y presionando a los diputados para aprobar unas reformas constitucionales que siguen paralizadas dos años después.
Esto motivó la invocación del artículo 12 del acuerdo de creación de la CICIG, en el que se establece que las dos partes, Gobierno y ONU, deben establecer un diálogo para solucionar las controversias.
La relación entre el presidente y la CICIG se tensó desde que en enero de 2017 se vieran involucrados en un caso de fraude al Estado en el año 2013 Sammy y José Manuel Morales, su hermano e hijo, respectivamente.
Desde ese momento, varios sectores, como la fiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, que envió una carta a la ONU para valorar el trabajo de la CICIG, al igual que el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, pusieron en duda la voluntad de Morales en la lucha contra la corrupción.
