El Ministerio de Economía estudiando en la actuaidad una modificación de la Ley de Sociedades de Capital para ampliar las facultades indelegables del consejo de administración de las empresas cotizadas, reguladas en el artículo 529 ter.
Así, lo anunció Alberto García Varela, director general de Tributo, al tiempo que comentaba que esta Ley "ha introducido importantes cambios en el ámbito del gobierno corporativo de la sociedades cotizadas, en particular en materia de trasparencia y gestión y control de riesgos en las sociedades cotizadas, al hacer mención expresa a la gestión y control de riesgos fiscales".
Y destacó la importancia que tene ahondar en esa responsabilidad del consejo en la determinación de la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y la supervisión de los sistemas internos de información y control, así como la aprobación de las inversiones u operaciones de todo tipo que por su elevada cuantía o especiales características, tengan carácter estratégico o especial riesgo fiscal, salvo que su aprobación corresponda a la junta general.
El director general de Tributos anunció también, en el transcurso de su intervención sobre el cumplimiento cooperativo, en una jornada, organizada ayer por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), que Hacienda publicará antes de finalizar el año algunas resoluciones en el BOE, que pretenden aportar seguridad jurídica. Por ejemplo, citó los acontecimientos de interés público, que "son un beneficio fiscal que no ha tenido mucha repercusión porque no ha tenido certidumbre fiscal que la gran empresa patrocinadora de este tipo de eventos ha demandado durante los últimos años".
En el capítulo de Aduanas, informó de que se va a regular la figura del operador económico autorizado, proveniente de la figura incluida en la reglamentación europea de aduanas, que pasará a denominarse en España sujeto pasivo certificado, y que pretende facilitar el comercio internacional desde el punto de vista del control para las empresas que tienen certificación. Así, en función de su solvencia e historial de cumplimiento, la Administración realizará una certificación, una especie de ISO, que permitirá que menores estas empresas pasen menos controles físicos y obtengan una mayor facilidad de paso de las mercancías.
Secreto profesional
Finalmente, se refirió a la propuesta de Directiva que regulará la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación, que actualmente está en fase de debate.
Esta norma impondrá a los intermediarios la obligación de revelar a la Administración tributaria los mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresiva si participan en ellos, en el ejercicio de su actividad profesional, mediante la concepción y promoción de los mismos, en situaciones transfronterizas. Cuando el intermediario se deba al secreto profesional o sea de fuera de la UE, la obligación se transferirá al contribuyente.