El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo de de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo. "Altera el derecho del juez predeterminado por ley reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución, ya que impide que los jueces competentes con arreglo a los criterios legalmente establecidos tengan conocimiento de los litigios sobre materia hipotecaria", señala la Abogacía en un comunicado.
Además, los abogados piden la suspensión "como medida cautelar" del acuerdo del CGPJ, "para evitar que se consoliden situaciones jurídicas procesales de difícil o imposible reparación como puede ser que se tramite por un órgano judicial incompetente un proceso civil en materia de cláusulas suelo". En su recurso, recuerda que "la determinación del juez que ha de conocer de un asunto determinado corresponde a la ley y que no es admisible constitucionalmente la existencia de jueces excepcionales o especiales".
Además, el documento subraya que "la atribución de competencias que lleva a cabo el acuerdo del CGPJ ahora impugnado debería haberse hecho por ley dictada con anterioridad al hecho motivador del proceso, en este caso, las reclamaciones por las cláusulas suelo que se canalizaron a través del Real Decreto-ley 1/2017".
También apunta que el acuerdo se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuestos por parte del Estado y las CCAA con competencias transferidas, lo que está provocando graves disfunciones. "Además del riesgo de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos", añade.
Competencia residenciada
El Consejo General de la Abogacía Española insiste en la exigencia de mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes y, en todo caso, con la consiguiente dotación presupuestaria.
Los miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 Colegios de Abogados de toda España se concentraron en Granada para mostrar su disconformidad y rechazo al plan del Consejo General del Poder Judicial, "porque agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable".
