Abogados laboralistas y graduados sociales son partidarios de blindar los acuerdo alcanzados con las centrales sindicales en los procedimientos de despido colectivo, para evitar que los sindicatos minoritarios los retrasen y judicialicen.
Ayer, coincidieron sobre esta necesidad el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas (Asnala), Martín Godino, y el presidente del Consejo General de Graduados Sociales, Javier Sanmartín en un debate organizado por Foro Social y moderado por la periodista Gloria Serra.
Éste último se refirió a "la Acción de Jactancia -artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Social-, que permite blindar el pacto logrado por sindicatos y empresa en los despidos colectivos. Es una pequeña posibilidad, muy desconocida que permite evitar una negociación en manos de los bamboleos políticos de los sindicatos minoritarios".
Por su parte, Godino explicó que cuando se adoptan medidas de flexibilidad interna, movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones o suspensión de contratos, la Ley atribuye una presunción de existencia de causa, cuando hay acuerdo con la representación de los trabajadores, pero no existe esto en el despido colectivo.
"A pesar de ello, los jueces, de una manera sensata, han revocado pocos despidos terminados con acuerdo", afirmó el abogado laboralista.
Reconoció que la Ley no protege estas actuaciones y que da igual que haya acuerdo o no. "Es necesario proteger en la Ley estos acuerdos, incluso por protección de la propia acción sindical, ya que en muchas ocasiones el que un sindicato mayoritario firme un acuerdo por responsabilidad, supone un coste enorme, porque es más fácil la posición minoritaria sindical que les acusa de haber vendido a sus compañeros", dijo el letrado.
Para ambos ponentes, el blindaje de los acuerdos es imprescindible, aunque se trata de una medida que en la Administración se considera que incrementaría las cantidades para compensar los despidos. Sin embargo, creen que no se valora la paz social y el ahorro que genera el llegar a estos acuerdos.
Grecia como modelo
Algunos partidos políticos han mostrado ultimamente su intención de eliminar uno de los considerados como pilares sustantivos de la reforma laboral como es el caso de la autorización administrativa para proceder al despido colectivo.
En este caso, Martín Godino se mostró partidario de su eliminación definitiva, al considerar que se trata de un modelo de "intervencionismo estatal, que prácticamente está abandonado en toda Europa. Creo que aún queda Grecia, que no es un ejemplo de eficiencia en el mercado de trabajo".
Y añadió, que "es uno de los temas que más se han considerado como un avance en la reforma. No creo que la vuelta a la autorización sea el mejor modelo, porque supone poner en manos de la Administración, un problema que les corresponde a los interlocutores sociales resolver. Mantenerlo tendría un efecto disuasorio sobre las inversiones muy grande".
Javier San Martín explicó que la desaparición de la autorización fue uno de los asuntos más alabados de la reforma. "Ha supuesto un cambio de institución, porque un expediente de regulación de empleo, que tuviese que ser aprobado por una resolución administrativa seguiría su tramitación por una vía diferente a la Social, por la Contencioso-Administrativa, lo que haría perder al procedimiento en agilidad y especialización". Resulta necesario tener en cuenta la gran cantidad de jueces de lo Social, graduados sociales y abogados laboralistas que han participado en hacer que la reforma laboral fueses viable.