El Tribunal Supremo acuerda por unanimidad reiterar a Justicia la necesidad de medidas que permitan evitar el colapso de la Sala III

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha adoptado hoy por unanimidad el acuerdo de reiterar al Ministerio de Justicia la reclamación de medidas que permitan evitar el colapso que puede producirse en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, toda vez que no se ha recibido ninguna respuesta del Ministerio a la reclamación inicial, acordada el pasado 31 de enero, ni a una segunda formulada tras el encuentro de la Sala con la titular del Ministerio el 22 de febrero.

En esta última reunión, la ministra de Justicia, Pilar Llop, solicitó al presidente del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, un informe para determinar cuáles de las necesidades del TS son fruto del aumento de la litigiosidad y cuáles son debidas al bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a lo que añadió que el Ministerio que dirige "no puede tratar con normalidad una situación que no es de normalidad, por eso pedimos disociar una cosa de la otra".

La ministra explicó que el Ministerio de Justicia tiene la voluntad de resolver la situación en la que se encuentra el TS debido a la alta litigiosidad a la que tiene que hacer frente. "Hay numerosos problemas estructurales que se arrastran desde hace años. Lo que es nuestra competencia, lo estamos resolviendo", ha puntualizó la ministra.

Las peticiones al Ministerio se producen ante la situación de la Sala III, que desde este mes cuenta con sólo 25 magistrados, tras las jubilaciones de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez, lo que supone el mínimo legal para constituir sus cinco secciones, ya que cada una de ellas debe tener al menor cinco magistrados.

El CGPJ también ha solicitado de Justicia el refuerzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para evitar el colapso por falta de magistrados. 

Carga de trabajo

A ello se une la extraordinaria carga de trabajo derivada de la entrada en la Sala, a partir del pasado mes de diciembre, de cientos de asuntos, tanto de empresas como de profesionales, que reclaman que se declare la responsabilidad patrimonial del Estado por la aplicación de las medidas que se pusieron en marcha para hacer frente a la pandemia de Covid.

La Sala de Gobierno reclama al Ministerio que impulse una reforma legislativa para modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo, y hasta que el alto tribunal se pronuncie al respecto.

La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica.

Un segundo aspecto de la reforma propuesta afecta a la labor de la Sección de Admisión de recursos (artículo 94 de la misma Ley) que, cuando detecte la existencia de un gran número de recursos sobre una cuestión jurídica sustancialmente igual, podrá acordar la admisión de uno o varios de ellos, suspendiendo el trámite de admisión de los demás hasta que se dicte sentencia en los primeros.

La Sala de Gobierno entiende que sería un mecanismo similar a la tramitación de los denominados 'procedimientos testigos', que permitirá dar una respuesta más ágil ante la entrada de un gran número de recursos sobre una misma cuestión y de hecho evite que la admisión, tramitación y resolución de esos recursos 'colapse' el Tribunal Supremo.

Reponsabilidad patrimonial del Estado

Para afrontar la entrada de los litigios de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de medidas Covid, en enero se solicitó también al Ministerio de Justicia que dotase a la Sala de una nueva Secretaría, con un letrado de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal para ser provistas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

El motivo de reiterar la petición al Ministerio se basa además en que la Sala de Gobierno quiere conocer si existe una respuesta positiva o negativa a sus peticiones, para estudiar, en el segundo caso, medidas alternativas para hacer frente a la situación.

Refuerzo en admisión de temas

Actualmente, se encuentra en vigor, hasta finales de este año, un refuerzo extraordinario aprobado por el Ministerio de Justicia, en abril de 2021, consistente en el nombramiento de un total de 12 letrados con el fin de apoyar en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad y quejas, entre otros asuntos, que configuran el 90% del trabajo del TS.

"Es una medida de carácter extraordinario que no tiene precedentes", ha explicado la ministra.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha constatado  "la existencia de un déficit estructural en la plantilla de la Carrera Judicial" que va en aumento y "cronifica" la justicia interina y, por ello, ha acordado solicitar del Ministerio de Justicia el incremento del número de plazas a ofertar en las próximas convocatorias de pruebas de acceso a la judicatura.

Según las estimaciones del órgano de gobierno de los jueces, a finales de 2023 habrán ingresado en la Carrera Judicial 382 nuevos jueces y magistrados/as, mientras que las plazas vacantes serán 563, sin contar con las unidades judiciales que el Ministerio de Justicia prevea crear para ese año. Eso arroja un déficit de al menos 181 jueces.

La cifra de nuevos ingresos se corresponde a la suma de los 171 alumnos de la promoción 71, actualmente en la fase de prácticas tuteladas; los 161 alumnos de la promoción 72, que el pasado mes de enero iniciaron su formación inicial en la Escuela Judicial; y las 50 plazas convocadas para el ingreso como magistrados nombrados por el turno de juristas de reconocida competencia con más de 10 años de ejercicio profesional.

Mientras tanto, el número actual de plazas vacantes es de 342 -incluyendo 58 de nombramiento discrecional que no podrán ser cubiertas mientras el CGPJ siga en funciones-, que salen de las bajas por jubilaciones, fallecimientos y otras causas producidas en los últimos años y de las vacantes producidas por los concursos de traslado.

A ellas hay que sumar las que se prevé que se producirán en los próximos años por jubilación o por el pase a la situación de servicios especiales: unas 60 en lo que queda de 2022 y alrededor de 85 en 2023.

El resultado son 487 vacantes, a las que deben añadirse las 6 plazas correspondientes a unidades judiciales creadas por los Reales Decretos 1050/2020 y 1052/2021 que aún no tienen fecha de entrada en funcionamiento y otras 70 correspondientes a otras tantas unidades judiciales previstas en la programación del Ministerio de Justicia para 2022.

Sin tener en cuenta las unidades judiciales que puedan crearse correspondientes a la programación de 2023, el total de vacantes a finales de ese año ascendería por tanto a 563.

Desequilibrio entre escalafón y planta

Una de las principales causas de la elevada cifra de vacantes existente en la actualidad es la distinta evolución de la planta judicial -las plazas en órganos judiciales- y del escalafón de la Carrera Judicial -el número de jueces-.

Así, el 1 de enero de 2014 había 5.373 jueces y magistrados en el escalafón, mientras que la planta judicial era de 5.230 plazas; mientras que el pasado 1 de abril el escalafón contaba con 5.521 jueces (148 más) y la planta ascendía a 5.726 plazas (496 más).

Fuerte incremento de la litigiosidad

A estas circunstancias se añade el importantísimo incremento de la litigiosidad producido en los últimos años, especialmente en los órdenes jurisdiccionales civil y social, hasta el punto de que el nivel de entrada en 2021 fue incluso superior al que se registró en los años 2014/2015, cuando aún tenían incidencia en los datos los efectos de la anterior crisis económica, iniciada en el año 2008. 

De hecho, la comparativa con los datos del año inmediatamente anterior al comienzo de esa crisis (2007) revela que la entrada de asuntos se ha incrementado en un 78 % en la jurisdicción civil y en un 32 % en la jurisdicción social.

Estos dos son los órdenes en los que mayor repercusión han tenido los efectos de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentarla, y también los que han experimentado un aumento de la litigiosidad consecuencia de diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, entre ellas las relativas a las cláusulas abusivas bancarias en los contratos celebrados con consumidores.

Los datos del Servicio de Inspección indican que, por regla general, los órganos judiciales de los órdenes penal y contencioso-administrativo absorben el número de asuntos que ingresan cada año -salvo en 2020, debido a la suspensión de actuaciones procesales no esenciales-, mientras que los de los órdenes civil y social no han conseguido absorber la entrada en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

El año pasado sí se logró resolver un número de asuntos igual o superior a los que entraron gracias a las medidas de refuerzo adoptadas, que fueron especialmente importantes en los juzgados y tribunales de las jurisdicciones civil y social.

Todo ello se traduce en un aumento del número de asuntos pendientes, que entre los años 2014 y 2021 se ha incrementado en un 21,6 % a nivel general, mientras que en el orden jurisdiccional civil el aumento ha sido del 68,9 %.

Justicia interina

La Comisión Permanente considera que otro aspecto que evidencia el déficit estructural en la plantilla de la Carrera Judicial es el incremento del número de jueces y magistrados sustitutos, que ha pasado de 951 en el año judicial 2015/2016 a 1.088 en el actual 2021/2022, mientras que para el próximo ejercicio la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia han propuesto un total de 1.166.

El órgano de gobierno de los jueces observa con preocupación este incremento y considera que la Justicia interina no es acorde con los principios contemplados en el artículo 117 de la Constitución, que establece que la Justicia se administra "por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial".

La Comisión Permanente recuerda, en este sentido, que el CGPJ ya aprobó en 2003 una instrucción en la que se señalaba "el carácter excepcional y subsidiario de la figura del Magistrado suplente y Juez sustituto". 

"Los datos referidos y los razonamientos expuestos indican una indeseable 'cronificación' de un régimen de excepcionalidad como es el de la justicia interina, debido a la insuficiente dotación de plazas judiciales y, además, revelan sin tener que acudir a una explicación profunda un déficit estructural, que además va en aumento, del número de plazas necesarias en la Carrera Judicial", concluye la Permanente.

Invasión de competencias

Por otra parte, el pasado 24 de febrero de 2022, el Poder Judicial aprobó por unanimidad el informe sobre la Ley de Eficiencia Digital de la Justicia en el que denunciaba que invade sus competencias.

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