La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado abogan por que los fraudes más graves o de carácter organizado sufran una especie de "muerte civil".
Así, lo destacan en un informe en el que plasman sus Propuestas de lucha contra el fraude fiscal y de Reforma de las Administraciones tributarias en el Marco del Plan de Resilencia, presentado en el XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, que ayer se inauguró en Vigo.
Para ello, consideran que debería incluirse en la Ley General Tributaria un nuevo régimen especial a los contribuyentes que sean ilocalizables o que no comparecen reiteradamente, a pesar de haber sido notificados al efecto; los testaferros, sociedades pantalla, personas o entidades interpuestas, etc. o que figuren en una trama organizada de defraudación.
Para ello, será necesario confeccionar un censo de este tipo de personas, bajo determinados criterios que permitan concluir que se trata de ese tipo de sujetos.
También incluyen en la "muerte civil" a las personas declaradas responsables solidarias en los procedimientos tributarios de otras personas o entidades cuya deuda no haya sido ingresada; a las sancionadas por infracciones tributarias firmes en vía administrativa que superen un importe mínimo a fijar.
En la misma línea, incluyen a las personas condenadas por delito frente a la Hacienda Pública, frustración de la ejecución o insolvencia punible En estos dos últimos casos, por impagos frente a la Hacienda Pública, lógicamente por sentencia firme. Y, finalmente, a los condenados por delito frente a la Hacienda Pública, frustración de la ejecución o insolvencia punible por sentencia firme.
Abogan por que se pueda enviar avisos a los contribuyentes de los que se tienen sospechas de fraude
Las consecuencias de esta "muerte civil" podrían ser: la imposibilidad de expedir facturas. Consecuentemente, las facturas que expidiese un obligado con NIF revocado carecerían de valor a efectos tributarios, y de contratación con la Administración, así como de obtener subvenciones o ayudas públicas.
Además, son partidarios los inspectores de Hacienda del cierre total de la operativa financiera. El NIF revocado no debería poder utilizarse para realizar cargos y abonos en cuentas, compraventas de activos financieros o acciones, emisión o cobro de cheques y, en general, cualquier operación financiera. Y, como consecuencia, el cierre total de los Registros Públicos -excepto el Civil-; así como la imposibilidad de realización de escrituras notariales de contenido económico, salvo aquellas que estén encaminadas dirigidas a la cancelación de sus deudas fiscales.
El presidente de IHE, Ransés Pérez Boga, que entre las propuestas planteadas al Gobierno destaca la posibilidad de que en el Plan de Inspección se incluya la actuación sobre las personas de las que se tenga dudas de su posible actuación ilegal, actuando a través del envío de advertencias de lo que la Aeat sabe para que remita información y regularice, si su caso. También se quiere dotar a los inspectores para actuar en todo el territorio nacional y no solo en una circunscripción, como hasta ahora. Y, además, crear un nuevo un Departamento de Asistencia y Servicios Tributarios para facilitar el cumplimiento voluntario; unificando las facultades de control. Se encargaría de toda función de comprobación e investigación, desde la verificación de datos y gestión de devoluciones, hasta las comprobaciones e investigaciones más complejas.
