Madrid
El Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia que, junto a los proyectos de Ley de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa (en tramitación parlamentaria), constituyen la base legislativa del Plan Justicia 2030 para transformar este servicio público y hacerlo más eficiente.
La ley tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización, regulando los servicios accesibles a la ciudadanía, reforzando la seguridad jurídica en el ámbito digital y orientando al dato los sistemas de Justicia. Se trata de garantizar el derecho de acceso a la Justicia a todos los ciudadanos.
La norma hará estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos, que se implantaron durante la pandemia, pero que después se han consolidado. "Los más de 590.000 juicios telemáticos celebrados durante la pandemia han supuesto un ahorro estimado en desplazamientos de más de 12 millones de euros y han evitado la emisión de más de 5.850 toneladas de CO2", ha detallado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer.
En la norma se establecen las reglas y se da cobertura jurídica a la transformación digital del Servicio Público de Justicia, asegurando la existencia de una pluralidad de servicios digitales accesibles al ciudadano, orientando a los datos los sistemas de Justicia y buscando reforzar la seguridad jurídica digital, deslocalizando a todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
Por otra parte, el objetivo será también, el de asegurar la interoperabilidad, tanto en la Administración de Justicia como de ésta con el resto de Administraciones Públicas para asegurar, entre otras cosas, el tratamiento de datos a fines de estadística judicial, toma de decisiones y publicidad en formato de datos abiertos.
"Pretendemos situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo"
La norma procede a la transposición de la Directiva (UE) 2019/1151, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades.
Con este anteproyecto, "pretendemos situar nuestra Administración de Justicia en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la UE", ha señalado Llop, subrayando que la ley pone el foco en la ciudadanía y establece la obligación de las Administraciones competentes en materia de Justicia de garantizar la prestación de un servicio público de Justicia de calidad por medios digitales en todo el territorio del Estado.
Moncloa da 1.010 millones para las CCAA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la dotación de 1.010 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) para impulsar la transformación de los sistemas de movilidad en las ciudades, descarbonizar y digitalizar el transporte. Son créditos presupuestarios a favor de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de los que este mismo año se desembolsarán 947,5 millones y en 2022, los otros 62,5 millones restantes
