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El Ministerio de Justicia acaba de iniciar la tramitación de la Reforma de la Ley de Enjuciamiento Criminal (LECrim) que traspasará la instrucción de los procedimientos de los jueces a los fiscales.

El Colegio de Registradores ha lanzado la app Registradores de España para facilitar los trámites en los Registros de la Propiedad y Mercantiles y las consultas de los ciudadanos sobre empresas y propiedades inmobiliarias a través de dispositivos móviles.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha avanzado este miércoles que el Gobierno empezará a tramitar los indultos solicitados para los condenados por el Tribunal Supremo en la causa del procés la próxima semana.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), subastará 22 inmuebles y 16 vehículos que fueron incautados, decomisados o declarados en pérdida o extinción de dominio por delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, tráfico ilícito de drogas, entre otros, en agravio del Estado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha confirmado este jueves que el Gobierno impulsará este curso la reforma del delito de sedición en el Código Penal, que afectaría a los políticos catalanes presos por el procés, pero ha subrayado que se hará "haciendo un debate" y siguiendo el protocolo establecido.

Muchas voces reclaman una normativa que acabe con la existencia de lagunas legales que dificultan la adopción de medidas preventivas y cohercitivas por las comunidades autónomas para combatir los rebrotes. La intervención de los jueces es una buena muestra de esta carencia normativa, puesto que unos aceptan las medidas preventivas adopradas por las autoridades en unos lugares y otros las rechazan, por afectar a derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los Ministerios de Justicia Igualdad han afirmado que el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual "continúa su tramitación con normalidad", por lo que "no se ha retirado ni se ha paralizado". No obstante, fuentes de Justicia han explicado que han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal que no emitan el informe hasta que tengan un texto "más definitivo", que el actual.

Un 2% de los españoles (700.000 ciudadanos), según los datos de este sondeo, manifiesta su intención de presentar en los próximos meses reclamaciones ante los tribunales por decisiones o por episodios relacionados con la epidemia de coronavirus, según los datos de la encuesta entre ciudadanos y usuarios de la Justicia Gratuita realizada por Metroscopia para el XIV Observatorio de Justicia Gratuita, elaborado por Abogacía Española y la Fundación Wolters Kluwer.

El Ministerio de Justicia prevé la recuperación de la normalidad en juzgados y tribunales en el mes de septiembre, dependiendo de la evolución de la emergencia sanitaria. En estas primeras semanas Justicia recomienda no cargar en exceso las agendas de señalamientos.

Los juzgados de toda España iniciaron ayer su vuelta a la reactivación con la incorporación de entre el 30% y el 40% de las plantillas, lo que representa unos 16.000 funcionarios y cerca de 1.500 letrados de la administración de justicia, aunque la actividad sigue bajo mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.

El Pleno del Congreso aprobó este miércoles la convalidación del decreto del Gobierno contra el colapso judicial por el Covid-19, iniciativa que será tramitada ahora como proyecto de ley para que los partidos puedan incluir sus sugerencias. En directo | Última hora sobre el coronavirus

¿Diseña Justicia su propia desescalada?

Ayer martes arrancó la reincorporación de los funcionarios de Justicia a sus puestos de trabajo, con el regreso del 30% de la plantilla. Así se ha definido desde el Ministerio comandado por Juan Carlos Campo, quien ha establecido unas fases de desescalada a todas luces diferentes a las de Sanidad. Tanto es así que mientras la mitad de España sigue en fase 0, la Justicia ya se anticipa a la fase 1. Cuentan que este “retorno apresurado” ha dejado perplejos a los propios trabajadores y está generando una oleada de críticas en los sindicatos del ramo, que no han tardado en mostrar su disconformidad. “No tiene sentido que Campo se crea que es ministro de Sanidad y haga lo que quiera con la desescalada sin tener en cuenta el riesgo de infecciones”, dicen desde un sindicato de Justicia. Las mismas fuentes añaden que “desde luego no se está priorizando la seguridad sanitaria. De hecho, Madrid al completo está en la fase 0 mientras Justicia está en la 1”, indican. En los pasillos del Ministerio se comenta que las “prisas que parece tener Campo por tener llenas las oficinas” se debe a los problemas que ha habido para que los funcionarios teletrabajen, por incompatibilidades del sistema informático para operar desde los domicilios.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la propuesta de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que "se asienta en el consenso".

El Consejo de Ministros declarará este martes días hábiles para todas las actuaciones judiciales los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020, excepto sábados, domingos y festivos, aunque con la salvedad de aquellas actuaciones judiciales para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes procesales.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió el jueves por videoconferencia con las cuatro asociaciones de jueces y magistrados para tomar el pulso a la actividad judicial y abordar las políticas que ha puesto en marcha el Ministerio para seguir asegurando, en coordinación con el sector, los servicios esenciales durante el estado de alarma.

Riesgo de parálisis en la Justicia española

El Ministerio de Justicia publicó a finales de marzo su Plan de Teletrabajo, un documento que contenía todos los pasos para que los funcionarios judiciales pudieran dar salida a los expedientes desde sus hogares y evitar con ello que la Justicia se paralizara. El problema es que, según se comenta en los sindicatos, dicho Plan no se está implantando con la eficiencia necesaria. Por lo visto, los equipos informáticos que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo había adquirido para que los empleados trabajen en casa solo cubre las necesidades de jueces, fiscales y abogados. Esa carencia hace que los funcionarios judiciales, que son los que dan salida a los expedientes, no puedan realizar su trabajo. Debido a ello, dicen, que ya existen importantes retrasos en las tramitaciones más básicas de los juzgados y en los registros, lo que podría generar una parálisis de la Justicia en el futuro. Para evitarlo, cuentan, que los sindicatos ya han contactado con el Ministerio y se busca una solución para que todo el cuerpo judicial pueda trabajar sin problemas y tramite la ingente cantidad de expedientes que se están acumulando en los juzgados.

El domingo trascendió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a los diferentes presidentes de las Comunidades Autonómas para antes del 10 de abril un listado de polideportivos, hoteles u otros recintos similares en los que los positivos por coronavirus leves o asintomáticos puedan pasar la cuarentena sin contagiar a nadie. La duda enseguida llegó: ¿se puede obligar a los ciudadanos a dejar su domicilio e ingresar en uno de estos lugares habilitados? En directo | Última hora sobre el coronavirus

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y demás ministros de Justicia de la Unión Europea han mantenido hoy una reunión informal por videoconferencia para analizar el impacto que la crisis sanitaria está teniendo en el funcionamiento de los sistemas de Justicia de la UE.

El Ministerio de Justicia ha formalizado la compra de 350.000 guantes, 175.000 mascarillas y 30.000 dispensadores de gel hidroalcohólico para la protección sanitaria de los funcionarios de los juzgados y tribunales que están garantizando los servicios esenciales durante el estado de alarma.

El Ministerio de Justicia ha dictado hoy una resolución en la que se establecen nuevas directrices para el cumplimiento de los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante la vigencia del estado de alarma para la contención del COVID-19.

El Ministerio de Justicia ha concluido el procedimiento para hacer efectivos los pagos de las subvenciones para la prestación de la asistencia jurídica gratuita correspondientes a noviembre y diciembre de 2019 y al mes de enero de 2020.

La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha publicado un Decreto de en desarrollo del emitido el 10 de marzo, por el que se dictan las diversas instrucciones de coordinación entre las diferentes instituciones con competencia en materia de Justicia; Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas.

La situación generada por la evolución del coronavirus ha obligado al Ministerio de Justicia a adoptar, hasta nuevo aviso, diversas medidas extraordinarias en relación al servicio público que se presta en la Oficina Central de Atención al Ciudadano (C/Bolsa, 8. Madrid) y en las gerencias territoriales dependientes del ministerio.

El Ministerio de Justicia ha acordado la suspensión de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía convocada para el próximo 28 de marzo en todo el territorio nacional, como medida extraordinaria de prevención y contención del coronavirus.

El plazo de 30 años que está regulado para la cancelación de inscripciones en el Registro Central de Delincuentes Sexuales es un plazo ajustado a derecho, en aquellos casos en que se haya cumplido la pena sin volver a delinquir, y la víctima sea menor de edad y el condenado mayor, según establece el Tribunal Supremo en una sentencia de 2 de marzo de 2020.

El Ministerio de Justicia ha convocado para el próximo día 28 de marzo la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía, correspondiente a la primera convocatoria de 2020. La cifra de aspirantes es de 6.780, según consta en la resolución de 28 de febrero de 2020 de la directora general para el Servicio Público de Justicia por la que se aprueban las listas definitivas de admitidos y excluidos y se determina el lugar, la fecha y hora para la realización de la prueba.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reunió este miércoles con los representantes de las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia dentro de su ronda de contactos con los operadores jurídicos para explicarles el Plan Justicia 2030. El ministro les ha pedido colaboración y compromiso en el diseño de la hoja de ruta de este programa que abordará la reforma de la Justicia en los próximos años.

El Gobierno aprobará próximamente el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 49,7 millones de euros en el ejercicio de 2020 al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de Procuradores de España, en materia de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para la atención profesional a las víctimas de delitos. Las actividades realizadas en noviembre y diciembre de 2019 pendientes de pago serán abonadas en próximas fechas.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presentado hoy su Plan Justicia 2030, con el que quiere transformar la Administración de Justicia en España. Entre los ejes de actuación de este Plan, Campo ha destacado la consolidación de garantías y derechos en el acceso a la Justicia. Además, quiere promover la eficiencia operativa del servicio público de la Justicia. La transformación digital, "incrementando la cohesión y coordinación territorial", será otro de los puntos en los que el Ministerio desarrollará su actuación