El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz; y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte; han presentado hoy tres nuevas aplicaciones tecnológicas desarrolladas por el Ministerio de Justicia para auxiliar el trabajo de juzgados y fiscalías y atender las demandas de los operadores jurídicos.
Las personas físicas o jurídicas que realizan con carácter profesional servicios para terceros y fideicomisos -como la constitución de sociedades u otras personas jurídicas; que faciliten un domicilio social o una dirección comercial, postal, administrativa y otros servicios afines a una sociedda, etc.- deberán darse de alta en el Registro Mercantil y depositar en los tres primeros meses de cada año un documento en el que manifiesten los tipos de servicios prestados, el ámbito territorial donde opera, la prestación de este tipo de servicios a no residentes; el volumen facturado por los servicios y el número de operaciones realizadas.
El Consejo de Europa, a través del Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), tras mostrar su confianza en la integridad e independencia personal de los fiscales españoles, arremete contra el Gobierno de Pedro Sánchez por desoír sus recomendaciones para que la Fiscalía General sea completamente independiente del Ejecutivo.
El pleno del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) ha decidido modificar las normas técnicas que regulan la elaboración de la estadística judicial para mejorar la información disponible sobre la actividad de juzgados y tribunales.
Madrid, 24 sep (EFE).- El medio centenar de manifestantes que se han concentrado frente al Tribunal Supremo han expresado una contenida alegría tras conocerse el auto por el que se autoriza al Gobierno a exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
El Ministerio de Justicia, ante la práctica de determinadas empresas que ofrecen en Internet servicios de información y obtención de certificados de antecedentes penales y de delitos sexuales, manifiesta que su actividad es absolutamente ajena a este departamento, siendo éste la única autoridad que expide ese tipo de certificados.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha agradecido a los magistrados de la Sala Segunda su trabajo en el jucio del Procés. "Han puesto de manifesto, una vez más, el compromiso de nuestros jueces con la defensa de los valores del Estado de Derecho proclamados en la Constitución".
Hagan ustedes la prueba. Diríjanse a varias aseguradoras para asegurar los pagos obligatorios de las cotizaciones de un convenio especial con la Seguridad Social a cargo de la empresa para trabajadores afectados por un despido colectivo de mayores de 55 años, y una aseguradora les dirá que se trata de un compromiso por pensiones en el que la prima del seguro hasta 100.000 euros se puede imputar, fiscalmente o no, al empleado asegurado, a elección de la empresa, y otra les dirá que no. Tratándose de esas mismas cotizaciones, si se derivan de un despido colectivo en el que concurren causas económicas con otras no económicas (técnicas, organizativas y/o de producción), la Tesorería de la Seguridad Social en un caso y circunscripción territorial, les dirá que la cotización debe extenderse hasta que los trabajadores cumplan los 61 años de edad y en otro caso y circunscripción que hasta que cumplan 63. Y esto en un único tema, un simple ejemplo. Prueben con otros tantos temas y ejemplos y, con toda probabilidad, les sucederá lo mismo. Parece como si, en cuestiones legales, padeciéramos hoy una desorientación y un sentimiento de orfandad generalizados. A responder a los posibles porqués se dedica este artículo.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la orden por la que se convoca la segunda prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía correspondiente a 2019, prueba que convocan conjuntamente los ministerios de Justicia y el de la Ciencia, Innovación y Universidades, y cuya fecha se conocerá próximamente. Además, en esta semana, Justicia y el Consejo General de la Abogacía Española han suscrito un protocolo para impulsar la colaboración entre ambas instituciones en la preparación de la prueba, con el fin de dotar de una mayor agilidad en el desarrollo de la misma.
La inversión destinada por las distintas Administraciones Públicas a la Asistencia Jurídica Gratuita en España ha alcanzado durante 2018 los 269 millones de euros. Esto supone la recuperación de los niveles previos a la crisis económica y una subida del 10,6 por ciento con respecto a 2017, cuando se invirtieron 243,2 millones.
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