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El proyecto de reforma de la Ley Concursal regula los efectos de la comunicación sobre los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento.

Los magistrados de la jurisdicción Mercantil se preparan para afrontar las novedades que introduce la reforma concursal y los procesos de segunda oportunidad de personas físicas. Estos magistrados justifican la salida de los juzgados de Instancia del ámbito concursal al considerar que la práctica ha demostrado que no están preparados para tramitar esos procedimientos.

La comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración persigue que el deudor pueda disfrutar de una paralización o suspensión temporal de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, sobre los bienes necesarios para continuar con su actividad empresarial, con el fin de facilitar las negociaciones de ese plan de reestructuración.

La Directiva que se transpone a través del proyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal exige la designación obligatoria de este experto en determinados supuestos, fuera de los cuales tampoco en la norma de transposición es necesario el nombramiento, salvo que el deudor o una mayoría de acreedores lo solicite.

El texto del Anteproyecto de Ley de reforma concursal se refiere en diversas ocasiones al Reglamento de la administración concursal, que después de años de espera, aún continúa sin ser aprobado, con gran disgusto de los profesionales de esta complicada actividad, entre otras cosas porque establece los aranceles a percibir por sus servicios, el nivel de preparación, los requisitos a cumplir para participar en los grandes concursos de empresas cotizadas, la forma de designación o el sistema de acceso a la titulación.

Cuando el deudor insolvente es una persona física, el concurso pretende identificar a los deudores de buena fe y ofrecerles una exoneración parcial de su pasivo insatisfecho que les permita beneficiarse de una segunda oportunidad, evitando su paso a la economía sumergida o a una situación de marginalidad.

El Proyecto de Ley de reforma concursal incluye dos modalidades de exoneración de la deuda: exoneración con liquidación de la masa activa y con plan de pagos.

La venta de unidades productivas en funcionamiento es uno de los ejes básicos del nuevo procedimiento y su realización o no condiciona la liquidación.

El Gobierno ha decidido limitar el mantenimiento de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social en los procedimientos de segunda oportunidad en 1.000 en cada caso, según ha anunciado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha dado el visto bueno en segunda lectura de la Ley de Reforma de la Ley Concursal. Se trata de una novedad sobre el anterior borrador del anteproyecto.

El pasado 15 de diciembre ha tomado posesión el nuevo equipo del Ministerio de Justicia, el secretario General de la Administración de Justicia y el nuevo secretario de Estado de Justicia. Sobre este asunto y otros varios hablamos con Rafael Lara, presidente del Colegio de Letrados de la Administración de Justicia.

El Consejo de Ministros ha nombrado a Antonio Julián Rodríguez como Secretario de Estado de Justicia, en sustitución de Pablo Zapatero, y el de Manuel Olmedo como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, en sustitución de Borja Vargues.

El Ministerio de Justicia facilitará a cada la llamada Carpeta Justicia, que facilitará el acceso a los servicios y procedimientos para las personas que sean partes o interesadas, entre ellos al servicio de cita previa, el de consulta del estado de la tramitación, así como de acceso a los expedientes judiciales en los que el ciudadano sea parte.

Los servicios públicos básicos, se dotan en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con 2.284 millones de euros, un 11,5% más que en 2021. En 2022 se prioriza la transformar y modernización la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha calificado de "insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad" la situación provocada por la no renovación del CGPJ.

Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) informaron ayer en un comunicado conjunto que han solicitado una reunión con el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, para reclamar de nuevo una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que sean designados por los jueces en el propio órgano por una situación de interinidad que dura ya casi tres años.

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) señala que el Anteproyecto no cumple con los principios del Banco Europeo de Recuperación y Desarrollo en materia de insolvencias y condena al 88% de los actuales procesos concursales a un experimento que ninguna legislación de nuestro entorno avala.

La nueva responsable de Justicia, Pilar Llop, ha tomado posesión del cargo en un acto celebrado en el Palacio de Parcent al que han asistido el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Igualdad, Irene Montero.

La actividad de asesoramiento financiero está reservada a sociedades de valores, a agencias de valores, a sociedades gestoras de carteras, o a empresas de asesoramiento financiero, por lo que no resulta inscribible la cláusula de los estatutos por la que se incluye en el objeto social la actividad de asesoramiento financiero.

Es que no podía ser de otra manera. El Gobierno, a instancia e insistente requerimiento de los operadores jurídicos, no sólo recoge el guante sino que prácticamente adopta como propia la minuciosa propuesta que se le plantea para adoptar medidas en conciliación que faciliten la vida de las personas, al tiempo que refuerzan el principio de tutela judicial efectiva que la Constitución Española garantiza a sus ciudadanos y regulan, por primera vez, una situación de vacío legal que venía resolviéndose de manera diversa, con tintes de improvisación, a criterio del Tribunal, no siempre objetivo, no siempre justo, provocando un regusto general de insatisfacción, de enfado, de frustración.

Quizá no todo esté dicho en el post estado de alarma. El Gobierno ha abierto la posibilidad este lunes de "realizar cambios legales adicionales" para que las comunidades autónomas puedan afrontar la pandemia tras decaer la herramienta si "se desprende la necesidad" de las resoluciones del Tribunal Supremo, el encargado de unificar criterios para todo el país.

El Ministerio de Justicia ha concedido una subvención de 43.703.220 millones de euros al Consejo General de la Abogacía Española, por los servicios de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio presupuestario 2021, de conformidad con la Ley 1/1996, de 10 de enero.

Nueva dimisión por administrarse la vacuna antes de que le correspondiese según el protocolo, en este caso en la Administración de Justicia. El fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, ha presentado su renuncia tras hacerse público su caso.

Ante el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial, el Gobierno y sus apoyos anti-constitucionales amenazan con cambiar la ley para proceder a rebajar la mayoría reforzada actual para elegir a 12 de los 20 miembros del CGPJ con el único apoyo de sus socios separatistas. Una situación esperpéntica, pues la norma solo podría aplicarse al cupo de vocales de jueces y magistrados, mientras los ocho restantes quedarían en el limbo, sin poder ser renovados porque para ellos el requisito de los tres quintos está blindado en la Constitución.

El Consejo de Ministros dio este martes un paso decisivo en la renovación de los procedimientos judiciales, que tendrán su máxima expresión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Así, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, que incluye la regulación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), potencia las sentencias orales en determinados procedimientos, amplía el ámbito del juicio verbal, introduce el procedimiento testigo en litigios en masa, se modifica el recurso de casación Civil y, además, se establece la regulación procesal digital.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha hecho entrega del Premio Gumersindo de Azcárate a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. El galardón lo ha recogido la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan.

El Ministerio de Justicia ha resuelto 1.240 expedientes de indulto entre enero y junio de este año. En total, se han recibido 1.499 solicitudes (32% del volumen total de la documentación recibida); 1.350 expedientes de los tribunales (28%); y 1.877 documentos diversos relacionados con los expedientes en tramitación (40%).

El Gobierno limitará a través del texto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) el acceso de los medios de comunicación a las informaciones facilitadas ahora sobre los procedimientos, según ha anunciado hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una intervención parlamentaria sobre el plan de control del Gobierno sobre las ‘fake news’.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado este viernes que el "calendario normativo establece" la reforma de los delitos de sedición y rebelión "antes de final de año", y ha reconocido que esa adecuación del tipo afectaría al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont si fuese finalmente juzgado.

El Ministerio de Justicia ha iniciado la fase de consulta pública del anteproyecto de ley por el que los juzgados unipersonales se transformarán en tribunales de instancia, los juzgados de paz pasarán a ser oficinas judiciales municipales y se creará la oficina judicial digital.

La mayoría de las asociaciones judiciales y de fiscales han publicado un manifiesto conjunto en el que reclaman la independencia judicial. Las firmantes son: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.