Milán
Un problema jurídico y no político, que además compete a los tribunales europeos. Las autoridades italianas intentan mantenerse alejadas del complejo caso de Carles Puigdemont. A nivel político el primer ministro Mario Draghi aseguró que no ha existido «ninguna comunicación» con el Gobierno de Pedro Sánchez en ocasión de la detención del ex president de la Generalitat el pasado 23 de febrero y de su puesta en libertad sin medidas cautelares un día más tarde. Y a nivel judicial el tribunal de Sassari (Cerdeña) decidió el pasado lunes congelar la entrega de Puidgemont a España a la espera de un veredicto del tribunal de Luxemburgo. La cuestión tiene apenas cobertura en los medios transalpinos, sumidos en la análisis de los resultados de las recientes elecciones municipales. Y de hecho la jueza que instruye el caso tiene el currículo perfecto para que la cuestión mantenga un perfil bajo y únicamente jurídico. Plinia Clara Azzena que decidió no aplicar alguna medida cautelar y que el pasado lunes junto a Salvatore Marinaro, y Maria Teresa Lupinu, congeló la extradición del ex president es una una magistrada con grande experiencia, "recatada" y que "rehúye" del protagonismo, según la prensa italiana que le atribuye "seriedad, responsabilidad y equilibrio"
Todo lo que se sabe sobre Azzena, que con 69 años se acerca a la jubilación, son los logros de su larga carrera desarrollada en Cerdeña, su isla natal: fue la primera mujer en el país transalpino en presidir la sección penal de un juzgado y se enfrentó a juicios mediáticos y complejos, manteniendo siempre su aplomo. Casos como el de la bailarina de nacionalidad húngara Vicky Danij, decapitada en 1996; del secuestro del empresario agrícola Giovanni Battista Pinna, que permaneció en cautiverio ocho meses en 2006; del secuestro y homicidio de otro empresario, Gianfranco Campus, en 2009.
Los medios italianos no tienen dudas sobre su imparcialidad, a pesar de las algunas polémicas
En una entrevista publicada por al diario "La Nuova Sardegna" en 2012, con la ocasión de su traslado a la Corte de Apelación, Azzena explicó que imponer cualquier condena, hasta la cadena perpetua, "es una decisión que hay que tomar con serenidad". "Nunca sin embargo probé satisfacción. Al contrario, es un deber al que no podemos sustraernos. Y lo hacemos con absoluta certeza, más alla de cualquier duda razonable" añadió.
Azzena siempre ha respirado en casa los argumentos jurídicos: nieta e hija de abogados, su padre Elio fue también consejero regional entre 1948 y 1959 en las filas de la moderada Democracia Cristiana.
Con un perfil de ese tipo, de "dama de hierro" de la magistratura sarda, los medios italianos no tienen dudas sobre su imparcialidad, a pesar de las algunas polémicas surgidas alrededor del presidente de la Corte de Apelación, Salvatore Marinaro. Marinaro aficionado de rugby declaró en una entrevista de hace 10 años sobre su equipo de no profesional, Rugby Alghero: "compartimos una especial relación de amistad con todos los equipos de los países catalanes". Alghero, ciudad en la provincia de Sassari, de hecho es también llamada la "pequeña Barcelona", tiene vínculos históricos con Catalunya y reconoce una variación local del catalán como "idioma minoritario".
Identidad Sarda
El tema de la identidad cultural de Cerdeña, sin embargo, apenas sale del debate político local. El presidente de la región, Christian Solinas que celebró la excarcelación de Puigdemont, lidera sí un pequeño partido que reivindica más autonomía para la isla, pero sigue siendo un fiel aliado de las principales formaciones de centroderecha: Forza Italia, la Liga de Matteo Salvini y hasta Hermanos de Italia, partido que se encuentra a nivel europeo en las misma familia política del español Vox.
Salvini que ha transformado su partido autonomista, la Liga Norte, en un movimiento populista nacional bajo el lema "los italianos primero", mantiene cierta sensibilidad sobre la cuestión catalana y pidió que Italia, en el caso del ex president, "no se prestara a venganzas ajenas". Sin embargo fue el único líder político italiano en comentar el tema. Los demás callaron dejando que fuera el Tribunal de Sassari quien se enfrentara al problema. Los jueces sardos, de su parte, prefirieron esperar a los homólogos europeos, quizás para escurrir el bulto de un caso que no consideran de su competencia.
"Somos muy pocos para la carga de trabajo, pero tenemos una productividad entre las más altas de Europa" declaró Azzena en su entrevista de 2012, comentando la lentitud de las cortes italianas y explicando que sin tantos "casos que no deberían entrar en un tribunal penal" la "justicia podría volver a funcionar". La jueza hacía referencia a delitos menores como los "abusos urbanísticos" pero la declaración parece aplicarse también al caso de Carles Puigdemont: un problema que tanto en Sassari como en Roma se considera ajeno a la justicia italiana y que el país transalpino quiere dejarse atrás cuanto antes.
