Los registradores consideran que es preciso impulsar la venta por el juez concursal de las unidades productivas en la fase de preconcurso es una de las medidas que pueden evitar que las empresas lleguen a la liquidación. Se trata de algo que hay que potenciar, con un buen mecanismo de publicidad para que los posibles adquirientes las conozcan y puedan jugar por ellas, explica el vicedecano del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, José Miguel Tabarés.
"Lo lógico es que las cifras de los concursos sigan creciendo, ha señalado en declaraciones a elEconomista en el transcurso del VI Congreso de Registradores de España.
En la actualidad el número de procedimientos concursales se sitúa en la mitad de los llevados a cabo en 2013.
El fin de las moratorias de plazos para no tener que acudir a los procedimientos o para el vencimiento de los avales ICO incrementará las declaraciones de concurso. "Tenemos que tener en cuenta que hay sectores que ya se están recuperando de la crisis, pero hay otros que no la están superando, como los de espectáculos, hostelería o turismo, que dependen mucho de los extranjeros, o el comercio tradicional, el que ha sufrido el efecto de la compra online, que parece ser que no está remitiendo", explica Tabarés.
Los concursos de acreedores se estabilizaron en agosto, incrementándose el 1% anual y descendiendo el 3,6% sobre agosto de 2019.
Alegaciones al anteproyecto
Los registradores han remitido al Ministerio de Justicia legaciones al texto de la reforma concursal. Explica el vicedecano que "en la Exposición de Motivos del anteproyecto se incluye la modificación de unos de los principios hipotecarios en cuanto a la captación de cargas, que consideramos que se perdería seguridad jurídica".
Hace una década que se están realizando modificaciones de la Ley Concursal, pero continúa existiendo un porcentaje del 90% que acaba en liquidación. "Si las empresas acudiesen al preconcurso en la fase de insolvencia posible y no de insolvencia real, muchas podrían salvarse", indica Tabarés.
Y añade que "es muy difícil encontrar un equilibrio entre los intereses de los acreedores y deudores. El proyecto actúa con mucha fuerza sobre los créditos hipotecarios, lo cual no es bueno, porque si el que presta no tiene seguridad jurídica no prestará. Por el contrario, se blinda el crédito público, lo que desequilibra el procedimiento y ha generado una gran polémica".
Desde el pasado miércoles se celebra este Congreso que ha sido inaugurado por la ministra de Justicia, Pilar Llop. Esta ha señalado que "el lema del congreso coincide con dos de los objetivos fundamentales del Ministerio de Justicia: la transformación digital de la Justicia y ofrecer un servicio centrado en las personas".
La decana, María Emilia Adán, por su parte, ha destacado en su discurso de bienvenida, la adhesión de los registradores a la carta de Derechos Digitales, sobre todo a los derechos de libertad, igualdad, y garantía y eficacia de los derechos.
