Madrid
Encendió el debate constitucional más fuerte en años. Los atentados del 11 de septiembre (11-S) dieron pie a uno de los debates sobre libertades civiles más encendidos en la esfera norteamericana. Aprobada un mes después de los ataques por una abrumadora mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, la llamada Ley Patriótica sacrificó derechos constitucionales por la seguridad.
La normativa, en la práctica, daba más poderes al Estado para el control del enemigo, pero también de los propios americanos. Se aprobó en octubre, con los ciudadanos todavía en shock. La ley reforzaba la capacidad de control del Estado en aras de combatir el terrorismo, mejorando la capacidad de las distintas agencias de seguridad estadounidenses -la NSA y la CIA, entre otras- al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de vigilancia contra los delitos de terrorismo. Asimismo la ley también promulgó nuevos delitos y endureció las penas por delitos de terrorismo. Pronto surgieron las voces que alertaban de un control que los ciudadanos no estaban dispuestos a asumir. Pero, ¿para garantizar su seguridad? ¿Estaban preparados los americanos para renunciar a su libertad en nombre de la seguridad?
La mayoría de ciudadanos optaron por restringir sus derechos constitucionales para garantizar su seguridad en un primer momento. Pero llegaron las escuchas masivas. Los polémicos programas de espionaje masivo de la NSA en Estados Unidos y en el extranjero salieron a la luz en 2013 a raíz de las revelaciones de Edward Snowden, excontratista de esa agencia de inteligencia. El programa, que ha creado grandes problemas diplomáticos para Estados Unidos, permitió al Gobierno recoger información de los metadatos de los teléfonos -número llamada, duración de la misma, etc...-, incluidos los de los estadounidenses, en el marco de esa nueva lucha "contra el terror".
La NSA realizó espionaje masivo de los teléfonos de los americanos sin autorización judicial
Ante la tormenta política que supuso para la Administración estadounidense, Barack Obama admitió durante su presidencia la necesidad de un debate sobre los límites del espionaje y el respeto a la privacidad. El entonces presidente de Estados Unidos presentó formalmente un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la NSA dejaran de estar en manos del Gobierno y permanecieran bajo el control de las compañías telefónicas por un periodo máximo de 18 meses, aunque todos sabían en cualquier caso de la capacidad de la NSA para interceptar esos datos. Un tribunal federal declaró en 2015 "ilegal" la recogida de datos telefónicos de millones de ciudadanos llevada a cabo por la NSA. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, ha fallado contra ese polémico programa de espionaje de la NSA en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles.
Ese mismo año, el texto de la Ley Patriótica dejó de tener vigencia el 31 de mayo de 2015. El 2 de junio fue reemplazado por la USA Freedom Act, que, entre otras modificaciones, retiraba a la NSA la capacidad de almacenar los datos sobre las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses y coloca estos datos en manos de las compañías telefónicas, como propuso Obama. Los espías podrán acceder a estos datos caso a caso y previa autorización judicial.
El debate del nuevo Siglo
Esta peripecia legislativa tras los atentados del 11-S ha mantenido abierto hasta hoy el debate sobre si, en nombre de la seguridad, los Estados pueden limitar los derechos de los ciudadanos. Se ha visto recientemente en el tenso encontronazo entre partidarios de restricciones y los que consideraban un atropello constitucional que su Gobierno les encerrara en su casa.
Tal y como apuntaba Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano en el décimo aniversario de los atentados, los atentados del 11-S no descubrieron el fenómeno terrorista pero sirvieron para que las sociedades avanzadas se dieran cuenta de que existían nuevos problemas de seguridad de los que no les podían proteger las fronteras. Sus gobiernos también constataron la descoordinación e incapacidad de sus instrumentos tradicionales para prevenir y responder a estos ataques letales y espectaculares, donde unos actores no estatales con pocos recursos se aprovechaban de la globalización para alterar la vida cotidiana de los ciudadanos.
La respuesta a problemas de seguridad complejos e interactivos no fue simple ni compartimentada. Los gobiernos integraron desde entonces la lucha contra el terrorismo dentro de estrategias más amplias de seguridad nacional en la que distribuyen los recursos según las prioridades de riesgo.
¿En qué ha notado usted las consecuencias del 11-S? La seguridad de los aeropuertos se ha multiplicado. Los jóvenes se sorprenderán. Antes no había obligación de descalzarse, facturar los líquidos o sacar el ordenador de su funda.
Tras los atentados, El gobierno de Estados Unidos. comenzó a trabajar contrarreloj en un manifiesto de seguridad para los aeropuertos. El 19 de noviembre de 2001 se convertiría en ley. Así surgió la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte.
Antes no había obligación de descalzarse o facturar líquidos para embarcar
Algunos de los terroristas del 11-S pudieron embarcar en vuelos sin ninguna identificación. Tras los atentados, todos los pasajeros mayores de 18 años necesitan una identificación válida emitida por el gobierno para poder volar, incluso en vuelos nacionales. Los aeropuertos pueden comprobar la identificación de los pasajeros o del personal en cualquier momento para confirmar que coincidía con los datos de su tarjeta de embarque.
El control de los aeropuertos en Estados Unidos solía ser poco sistemático, realizado por empresas de seguridad privadas designadas por las compañías aéreas o los aeropuertos.
Ahora, como establece la nueva ley de seguridad, no es así. En noviembre de 2001 se creó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA por sus siglas en inglés). La TSA pasó a ser una agencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, creado un año después. Asumió todas las funciones de seguridad de la FAA, de las aerolíneas y aeropuertos estadounidenses. En poco tiempo, ya no se permitían a bordo armas potenciales como cuchillas, tijeras y agujas de tejer. Estas restricciones permanecen. Y quizás también las escuchas.
