
La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha denunciado los retrasos en la publicación de los reglamentos y los sistemas para la liquidación de los nuevos impuestos para servicios digitales y transacciones financieras, conocidos como tasas Google y Tobin, así como en el reglamento para clarificar cómo debe llevarse a cabo la obligación de los intermediarios fiscales de comunicar las planificaciones de operaciones susceptibles de constituir elusión fiscal de sus clientes, recogida en la directiva DAC 6.
Stella Raventós, presidenta de Aedaf, ha calificado, en rueda de prensa, de "tributo-ficción" estas actuaciones del Gobierno, puesto que "la sensación que da es de una gran improvisación en la creación de estos impuestos" y ha calificado como "deplorable" la trasposición de la DAC6.
"El propósito que se anuncia no es el que luego recoge la norma. Lo que se está haciendo es entorpecer la vida de las empresas".
Eduardo Gracia, vicesecretario de Aedaf y responsable de los Grupos de Expertos, ha criticado que Hacienda no haya sido "capaz" de tener preparados los sistemas informáticos, los modelos y los cauces necesarios para poner en práctica la primera obligación de declaración y el pago en los plazos que se publicitaron. "Cuando los aprueben finalmente, el tiempo de adaptación será mínimo", ha asegurado.
El 52% de las reclamaciones sobre impuestos estatales se resuelve a favor del contribuyente
También ha explicado que están recibiendo consultas de varias agencias internacionales y de brókeres que presentan un "gran desasosiego" por no saber cómo tendrán que pagar el impuesto a las transacciones financieras". Y ha asegurado que no hay "la más mínima seguridad jurídica para que el contribuyente pueda cumplir en plazo".
Y ha concluido que "algo no está funcionando bien, no damos una buena imagen de país cuando las cosas no se hacen dentro de los plazos fijados por la propia Hacienda".
Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación, ha recordado que "el 52% de las reclamaciones sobre impuestos estatales como IVA o IRPF se resuelve a favor del contribuyente, y para los impuestos autonómicos sube al 65%, y eso teniendo en cuenta que la Administración cuenta con una presunción de legalidad y de validez en sus actuaciones". Por ello, ha concluido que estas cifras son "sonrojantes y deberían hacer meditar a la Administración".
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