Madrid
La Comisión Europea destaca la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a dependencia de la Fiscalía del Ejecutivo y la falta de una estrategia general anticorrupción en el Informe sobre el Estado de Derecho en los Veintisiete, publicado este miércoles.
De una parte, recuerda que las asociaciones profesionales han impugnado la independencia e imparcialidad de la Fiscalía, y consideran que no puede recibir instrucciones u órdenes de la Gobierno o cualquier otro órgano administrativo o judicial. Sin embargo, el Gobierno, en la actualidad, puede señalar a la atención del Fiscal General las acciones pertinentes en defensa del interés público.
"La relación entre el Fiscal General y el ejecutivo es objeto de debate, en particular el régimen de nombramiento y la duración del mandato de la oficina del Fiscal General, así como el registro de las comunicaciones con la Ministro de Justicia", señala Bruselas.
Falta de transparencia
Explica que, mientras que la ley determina que toda la comunicación entre el Ejecutivo y la Fiscalía deben realizarse entre el ministro de Justicia y el Fiscal General, no requiere que esta comunicación se haga pública, ni es obligatorio registrar esas comunicaciones por escrito. Esta situación ha sido también denunciada por el Grupo de los Estados contra la Corrupción (Greco).
Explica que se publican algunas de estas comunicaciones a través de comunicados de prensa en la página web del Ministerio de Justicia. Por ello, cree que es importante asegurar la publicidad, a fin de disipar cualquier impresión de interferencia política del ejecutivo en la acusación, y reforzar la confianza del público en la justicia penal.
El análisis reconoce que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años, tanto en prevención como en medidas represivas. Así, estima que la Estrategia contra el crimen organizado y los delitos graves, aprobada en febrero de 2019, establece la lucha la corrupción como una prioridad, aunque cree necesario seguir la recomendación del Greco sobre la conveniencia de que la Policía y la Guardia Civil aumentasen su coordinación y desarrollasen colectivamente una estrategia diseñada para reforzar las actuaciones.
En cuanto a la eficiencia del sistema destaca que los procedimientos judiciales cada vez más largos, por lo que urge a a ultimar la elaboración un nuevo Código de Procedimiento Penal sobre procedimientos acelerados, que está en tramite.
El tiempo de disposición en lo Civil y Mercantil en primera instancia han ido aumentando desde 2016 y resulta particularmente prolongado en el Tribunal Supremo, donde supera los 600 días.
Además, la tasa de resolución de casos está disminuyendo. En el ámbito Civil y Mercantil la tasa de liquidación cayó al 86,7% en 2018. Esta tasa, en el caso de los litigios administrativos en juzgados de primera instancia también ha estado cayendo. A medida que más casos entran, se genera un atraso de casos, que va en aumento progresivo
Por el contrario, destaca que España tiene un buen nivel de eficiencia en algunas áreas específicas de la legislación de la UE. En particular, como en los casos de infracción de marcas de la UE, entre las que la duración de los procedimientos se redujo a la mitad en 2018. En lo que respecta a la protección del consumidor, la duración media de la revisión judicial es corta y permanece estable.
