Madrid
Los Ministerios de Justicia Igualdad han afirmado que el anteproyecto de Ley de Libertad Sexual "continúa su tramitación con normalidad", por lo que "no se ha retirado ni se ha paralizado". No obstante, fuentes de Justicia han explicado que han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal que no emitan el informe hasta que tengan un texto "más definitivo", que el actual.
En este contexto, ambos Ministerios han señalado a Europa Press que en la fase de audiencia e información pública se recogieron aportaciones de numerosos colectivos sociales y organizaciones feministas; y que el anteproyecto de Ley "se encuentra en estos momentos, y como es habitual, en fase de consulta preceptiva", por lo que están pendientes las valoraciones de otros departamentos ministeriales y comunidades autónomas.
Una vez todos los organismos hayan hecho sus aportaciones, el texto final se enviará al Consejo Fiscal, al Consejo Económico y Social, al CGPJ y al Consejo de Estado para su evaluación, llegando finalmente al Consejo de Ministros para su aprobación, antes del debate en el Congreso de los Diputados. "Es un tema procedimental, no se ha paralizado para nada la ley, sigue en su tramitación. En septiembre va a estar ya para el paso al Consejo General del Poder Judicial", han afirmado fuentes del Ministerio de Justicia.
La Ley presentada a comienzos del mes de marzo al Consejo de Ministros, recibió las críticas del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien aseguró que era necesario incluir algunas reformas en el texto remitido por Igualdad, lo que desembocó en una airada reacción del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que llegó a asegurar que "detrás de las "excusas técnicas al borrador de la ley se escondía mucho "ministro frustrado".
Campo negó que desde su departamento se hubiese bloqueado esta ley. "Lo que ha habido son los procesos ordinarios de mejora", explicó a los medios de comunicación, refiriéndose al proceso que se abre cuando un departamento ministerial toma una iniciativa legislativa y hasta que el texto recibe el visto bueno definitivo de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios y salta al Consejo de Ministros.
El actual proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual castiga con la pena de prisión de uno a cuatro años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado 'acoso callejero'. Las condenas por violaciones van desde los cuatro a los diez años, aunque se podrán elevar a 12 si concurre una circunstancia agravante y a 15 si concurren dos o más. El texto pone en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima para que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión.
