El pleno del Congreso de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de abril. La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Durante su intervención ante el pleno, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, pidió a la Cámara un ejercicio de "responsabilidad colectiva" en la convalidación de la norma, que "no es un decreto del Gobierno, sino de todo el sector Justicia".
El Real Decreto-ley aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la progresiva vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales priorizando la salud de los operadores jurídicos.
La disposición incluye medidas en cinco ámbitos que estarán vigentes durante el estado de alarma y los tres meses posteriores al levantamiento del confinamiento. En relación con la salud laboral, se establecen una serie de limitaciones que deberán contemplarse en los órganos judiciales para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal, que podrá acogerse a jornadas de mañana o tarde.
Entre las actuaciones encaminadas al impulso de la recuperación de la actividad judicial se prevé la creación de juzgados Covid-19 para atender temporalmente los asuntos derivados de la crisis. Además, se habilita excepcionalmente parte del mes de agosto para agilizar la tramitación pendiente y se establecerán refuerzos con jueces de adscripción territorial y letrados de la Administración de Justicia en prácticas. Se prevé también la movilidad de funcionarios entre órganos judiciales de la misma jurisdicción y localidad.
En el bloque tecnológico, el Real Decreto-ley prevé impulsar el teletrabajo, la mejora en el uso de los sistemas de firma digital así como la potenciación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las vistas y demás actos procesales.
En cuarto lugar, se establecen una serie de medidas procesales para atender el incremento de asuntos en determinados ámbitos y restablecer los plazos que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma. Por último, el decreto contiene un quinto paquete de medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil.
Actitud dialogante
Durante su intervención, Campo pidió a los representantes políticos "responsabilidad y lealtad con los mecanismos de coordinación y cogobernanza que todos hemos aceptado en el sector Justicia" y ha agradecido las "aportaciones y actitud dialogante" de las Consejerías de Justicia y sus responsables, que han permitido generar una respuesta común en aspectos clave.
El ministro reconoció la "notable ralentización" que ha sufrido la actividad judicial como consecuencia de la crisis. Sin embargo, aseguró que "la Justicia no ha cerrado" y se han mantenido servicios esenciales para garantizar la tutela judicial efectiva.
En cualquier caso, se calcula que durante el periodo de alarma, las oficinas judiciales habrán reducido su trabajo al 20%, por lo que, con la vuelta a la normalidad, al volumen de litigiosidad normal, se sumará un 80% de trabajo que ha quedado pospuesto, además de los asuntos provocados por la crisis del coronavirus Covid-19.
