Los juzgados de toda España inician la vuelta a la actividad tras el parón por el Covid-19

Los juzgados de toda España iniciaron ayer su vuelta a la reactivación con la incorporación de entre el 30% y el 40% de las plantillas, lo que representa unos 16.000 funcionarios y cerca de 1.500 letrados de la administración de justicia, aunque la actividad sigue bajo mínimos, ya que no está previsto reactivar los plazos procesales hasta la última semana de mayo.

La próxima semana está prevista la presencia ya de entre el 60% y el 70% del personal, mientras que el resto de las plantillas acudirá a sus puestos el 26 de mayo.

Con la reactivativación de los plazos se iniciarán las vistas aplazadas y se irán activando los asuntos considerados preferentes con el previsible aluvión de procesos por despidos, Ertes, concursos de acreedores,incumplimientos de contratos, impagos, desahucios, procedimientos de familia o sanciones impuestas por no respetar el confinamiento obligatorio.

Esta reincorporación de las plantillas en las actuales condiciones cuenta con la oposición de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en el sector, que ha pedido al Ministerio de Sanidad que se pronuncie, porque no ve compatible, por ejemplo, que se reanude el trabajo en territorios que siguen en la fase 0 de la desescalada, como Madrid.

Por el contrario, algunos tribunales superiores de justicia, como el de Castilla y León o el de Galicia, han demandado el levantamiento de la suspensión de los plazos procesales cuanto antes, para que el plan de reactivación de los juzgados sea efectivo.

CCOO ha solicitado a todos los grupos parlamentarios en el Congreso que la norma, que se debate hoy, se tramite como proyecto de ley para poder introducir enmiendas al texto al considerar que tiene "graves deficiencias que causarán perjuicio a muchos colectivos y ningún beneficio".

Buena aceptación ha tenido que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya recomendado a los jueces que limiten en lo posible las vistas y los juicios entre los días 11 y 31 de agosto, que han sido declarados hábiles por Justicia y que concentren sus vacaciones en ese mes, como hacían antes, para intensificar las comparecencias en julio y septiembre.

Tras la decisión del CGPJ, la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España han aplaudido la decisión de concentrar las vacaciones de los jueces en el mes de agosto y que aconseje comunicar a las partes los señalamientos para el periodo con la "suficiente antelación, preferiblemente antes del 15 de junio".

Sin embargo, la Asociación en Defensa de los Derechos de la Abogacía (Defenda) ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda con urgencia la vigencia los artículos de la normativa de Justicia, al considerar que vulnera la integridad de los letrados y procuradores.

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