La Abogacía, las mayoría de las asociaciones de jueces, la Asociación de letrados de Justicia y los sindicatos del sector se muestran contrarios a que se considere activo para los juzgados y tribunales en el periodo comprendido entre el día 11 y el 31 de agosto, tal y como aprobó ayer el Gobierno en su plan para evitar el colapso una vez que finalice el actual estado de alarma.
La Asociación para el Progreso de la Magistratura (APM), mayoritaria entre el colectivo judicial, considera en un informe que debería regularse de forma adecuada la previsión del personal al servicio de la Administración de Justicia que debería permanecer en la sede judicial durante el mes de agosto para garantizar que se pudiera cumplir de forma adecuada la prestación del servicio.
También consideran que debería concederse la posibilidad a los jueces y magistrados de disfrutar su mes de vacaciones durante todo el año, sin limitaciones en cuanto a número mínimo de días a disfrutar de manera continuada.
Para Jorge Vaquero, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, el Plan debería contar con presupuesto, y la habilitación de agosto supondrá "un impacto brutal para abogados y procuradores, sobre todo en despachos pequeños".
La portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, dice que "por más que un juez quiera, a veces no se puede desarrollar los procedimientos en el mes de agosto, porque se requieren pruebas testificales".
Por el contrario, Ignacio González Vega, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, estima que "visto el paro producido no parece descabellado que se trate de habilitar el máximo", aunque reconoce que "Podemos entender las razones de los abogados para oponerse a tal medida.
En la misma línea se ha pronunciado la Unión Prograsista de Fiscales, se muestra de acuerdo con la habilitación de los días de agosto para reducir los asuntos pendientes, muchos de ellos anteriores a la crisis del Covid-19.
Juan Antonio Frago, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en declaraciones a Europa Press afirma que la competencia para habilitar dicho mes es el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no el Ministerio de Justicia. Considera que "agosto puede plantear el problema de que testigos y peritos no puedan asistir a los juicios".
La Asociación de Letrados de Justicia se queja de que no se haya consultados con ellos la medida. En esta misma línea, se ha pronunciado CSIF, sindicato mayoritario en el sector, al tiempo que exige al Ministerio que dote de medios necesarios de protección individual a todos los trabajadores.
Finalmente, Comisiones Obreras considera apela a la conciliación laborakl de los trabajadores.