El Ministerio de Justicia inició hoy los trabajos para la elaboración de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que sustituya a la vigente, aprobada en 1882. El Ministerio agiliza así la reforma que, básicamente, dará la instrucción a los fiscales y la retirará a los jueces. Para garantizar un proceso penal justo, el Ministerio asegura que creará una nueva figura, la del "juez de garantías", que vigilará que los procedimientos se desarrollen conforme a la legislación.
El ministro Juan Carlos Campo ordenó la creación de la comisión de expertos que se encargará de la elaboración del anteproyecto y mantuvo una reunión por videoconferencia con su presidente y coordinador de los trabajos, el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.
Justicia justifica la normativa por la necesidad de agilizar el proceso penal
La redacción de una nueva ley procesal penal o la modificación integral de la vigente ha sido defendida en los últimos 20 años por gobiernos de distinto signo. Desde su inclusión en el Pacto de Estado por la Reforma de la Justicia, firmado el 28 de mayo de 2001, tanto el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy elaboraron sus propios textos que, finalmente, no llegaron a ser debatidos ni aprobados en las Cortes Generales. El actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la incluyó entre sus prioridades en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados del pasado 17 de febrero, comprometiéndose a presentar un texto para su aprobación por el Consejo de Ministros antes de que finalice el presente año.
Para agilizar
Justicia justifica la normativa por la necesidad de agilizar el proceso penal y la de dar una respuesta a modalidades delictivas cada vez más complejas y defiende que es una demanda ampliamente exigida entre los operadores jurídicos, los académicos y las fuerzas políticas.
Fuentes del Ministerio de Justicia sostienen que las líneas generales del nuevo anteproyecto adaptarán el modelo de proceso penal actual español al de la mayoría de países del entorno, dejando la instrucción en manos del fiscal y creando la figura del juez de garantías. De este modo, el nuevo sistema retirará a los jueces y magistrados de la investigación de los delitos para que puedan centrarse en el ejercicio de su jurisdicción reforzando su independencia. La futura reforma también perseguirá mejoras en la tutela de los derechos de las víctimas, así como la introducción de nuevos medios de investigación tecnológica y nuevas garantías en materia de protección de datos y derechos digitales, entre otros objetivos.
Los jueces están divididos ante esta reforma que ha intentado implementarse en ya varias ocasiones. Mientras que las asociaciones más progresistas consideran que agilizará el funcionamiento de la Justicia, las más conservadoras sostienen que atenta contra la separación de poderes y, para aplicarse, debería también modificarse el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, para dar más autonomía a los fiscales.
