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Las autonomías tienen competencias para gestionar con el Estado subvenciones de vehículos eléctricos

  • La sentencia anula nueve artículos del Reglamento del Plan Movea 2017
Vehículos eléctricos cargando energía. Istock

El Estado debe respetar las competencias compartidas con las comunidades autónomas en la tramitación de subvenciones para la adquisición de vehículos de energías alternativas y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, por lo que el Tribunal Supremo, en sentencia de 27 de febrero, de 2020 anula nueve artículos del Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, que regula el Plan Movea 2017.

El ponente, el magistrado Bandrés Sánchez-Cruzat, determina que, no obstante, no resulta cuestionable, la fijación por el Estado de la fecha de inicio de la vigencia del sistema de ayudas así como la fijación de la fecha de expiración del plazo de vigencia, por la necesidad de cohonestar el régimen de ayudas de la disposición de los créditos presupuestarios para el mismo y para garantizar su aplicación coherente y eficaz.

Considera que, debido a los objetivos que persigue la actuación estatal, que se financia con los Presupuestos Generales del Estado, cuyos beneficiarios son, con carácter general, personas físicas o jurídicas residentes en España, y, en razón del régimen de concesión de las ayudas, es necesaria, para la fijación del periodo de vigencia, una actuación unitaria y global en el conjunto del Estado.

La sentencia deniega la territorialización de la gestión de las ayudas, que debe mantener el ámbito estatal

Señala Bandrés Sánchez-Cruzat que en la tramitación de las ayudas del Plan Movea 2017, la Generalidad de Cataluña tiene derecho a gestionar la tramitación de las solicitudes a través de sus propios recursos telemáticos y participar en la instrucción y resolución del procedimiento de concesión, así como para el seguimiento de las subvenciones, resolución y pago. La sentencia deniega, sin embargo, la territorialización de la gestión de las ayudas, que debe mantener el ámbito estatal.

Corresponde también a las comunidades autónomas efectuar actuaciones de comprobación y el control financiero sobre las obligaciones de los solicitantes, beneficiarios, así como de los puntos de venta y de las ayudas de venta.

Un conflicto compentencial no pone en riesgo el principio de vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución

Las autonomías han de tener acceso al programa de subvenciones que gestiona el régimen de adhesión de puntos de venta de vehículos, así como las condiciones de las ayudas de venta de puntos de recarga exigidas. También a verificar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios de las ayudas, así como la aportación la documentación que justifique los pagos realizados.

Concluye el ponente, que "la existencia de un conflicto competencial entre el Estado y una comunidad autónoma en materias que, por su complejidad, son susceptibles de generar controversias legítimas sobre la titularidad del ejercicio de las mismas, no puede considerarse que ponga en riesgo el principio de vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución, ni tampoco la vigencia de los principios de cooperación y colaboración institucional.

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