El secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha insistido hoy en que el fallo del Tribunal Constitucional adelantado ayer sobre el Decreto del Alquiler no paralizará el plan de las 20.000 viviendas para el fomento de vivienda de alquiler social o asequible. "No perjudica para nada la política a corto y medio plazo del Gobierno", señaló Saura.
El Tribunal Constitucional adelantó este miércoles la parte dispositiva de la sentencia sobre el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo. El fallo obligará a revisar la disposición adicional primera, que establece la "movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler social asequible, mediante fórmulas de colaboración público-privadas".
Los planes del Ministerio
Sin embargo, Saura apunta que el fallo, cuyo texto se conocerá en los próximos días al completo, no afectará a los planes del Ministerio. "Entre 2018 y 2019, este Gobierno ha firmado 120 acuerdos para la construcción de 3.260 viviendas de alquiler asequible", ha explicado. "Se está trabajando, asimismo, con la Entidad Pública Empresarial de suelo (Sepes), para que a través de la cesión de derechos de superficie y bajo esquemas de asociación pública privada, se fomente la construcción de vivienda para alquiler social y asequible para 5.000 viviendas adicionales", ha añadido Pedro Saura.
Por último, el secretario de Estado ha apuntado que actualmente se está movilizando suelo público perteneciente a la Administración General del Estado, a otras administraciones y a los organismos de ellas dependientes para promover vivienda social o asequible. Pedro Saura ha celebrado de este modo la sentencia y ha destacado "el claro respaldo del Tribunal Constitucional al corazón de la normativa".
Las medidas respaldadas
"Las medidas del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo tratan de atajar el problema de la vivienda con un enfoque integral en el que se busca incrementar la oferta de vivienda en alquiler, proteger al arrendatario con el aumento de los plazos de los contratos, limitar el incremento de las rentas de alquiler al IPC, aliviar sus gastos de arrendamiento o dar una mayor seguridad jurídica al arrendador", ha explicado Pedro Saura.
Todas ellas, según ha afirmado el secretario de Estado en su intervención ante los medios, son medidas que han sido refrendadas por el Alto Tribunal. La sentencia parte de un recurso del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional por considerar que no concurría la exigencia de "extraordinaria urgencia o necesidad" para emitir el Real Decreto. "Lo que el PP pretendía era regresar al Real Decreto Ley de 2013, pero los ciudadanos pueden estar tranquilos porque no lo han logrado", ha concludido.
Los preceptos afectados por la sentencia permitían al Gobierno modular los instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda para poder atender estas necesidades, y reorientar sus bases para apoyar "exclusivamente" el disfrute de la vivienda en este régimen.
Aspectos que el Gobierno deberá reformular, al igual que la también anulada disposición adicional tercera, que incluye medidas de flexibilidad en la duración de convenios que tengan por objeto la ejecución de infraestructuras públicas. Respecto al resto, los magistrados desatienden las pretensiones del PP y avalan los demás preceptos, apuntan fuentes jurídicas.
