"La Unión Europea ha comenzado a pensar en los beneficios que puede aportar una regulación de auditoría adaptada a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y se está analizando como ofrecerles unas condiciones más favorables", ha explicado Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), en el transcurso de su intervención en el 10º Audit Meeting, organizado por esta institución.
"El informe integrado busca reflejar la gestión de las empresas y, cómo éstas se orientan a la generación de valor, y no debería implicar un enorme esfuerzo su elaboración y, por ello, tampoco puede ser ajeno a las pymes", ha añadido Puig de Travy.
Esta tendencia viene obligada porque las pymes que quieren suministrar sus productos o servicios a empresas de mayor dimensión se van encontrando con que se las demanda información no financiera en sus estados contables, fundamentalmente sobre su compromiso social y medioambiental, lo que les beneficia a la hora de buscar financiación
Las pymes en la UE representan un 99 por ciento del total del tejido empresarial, con un 40 por ciento del PIB total. Se han dado cuenta de que no se puede legislar solo para las blue chips -empresas estables cotizadas con alto nivel de ingresos- y dejar fuera a las pymes que son un auténtico generador de empleo y de PIB.
Algunos países de la Unión Europea han modificado sus umbrales de auditorías obligatorias a la baja en los dos últimos años. Tal es el caso de Chipre, Estonia, Italia o Rumania. También, Italia ha introducido recientemente auditorías obligatorias para empresas muy pequeñas.
Limites obligatorios
En España solo se tienen que auditar de forma obligatoria las empresas con 5,7 millones de volumen neto de negocio y 50 empleados o más, mientras que países tan próximos como Francia o Italia, en los que el volumen de negocio requerido para auditarse de manera obligatoria es más bajo (3,1 millones de euros en Francia y dos millones de euros en Italia), dato a tener en consideración si tenemos en cuenta que la proporción de pymes en España es superior al de estos dos países.
No obstante, Puig de Travy estima que los cambios normativos radicales podrían tener consecuencias no deseadas en la calidad de la auditoría, sino que es necesario atender a la escalabilidad y la proporcionalidad de las empresas.
El presidente del REA considera que es preciso desconcentrar el mercado apoyando las firmas multidisciplinarias, puesto que cada vez es más complicado abordar las demandas de información financiera y no financiera de las empresas, así como extender la coauditoría, con la intervención de una big four y una pequeña y mediana auditora, lo que facilitará el relevo y elevará los controles de calidad
