Entre finales de octubre y principio de noviembre, el Gobierno andaluz, presidido por Juan Manuel Moreno Bonilla, adjudicará la contrata de la primera auditoría externa que encarga la Junta para estudiar la administración paralela, o sector instrumental, heredado de 37 años consecutivos de gobiernos socialistas.
El proceso evaluador tendrá por objeto el estudio operativo de dicha administración, en la que en estos momentos trabajan en Andalucía alrededor de 20.000 personas, teniendo en cuenta que el volumen de empleados públicos rodea los 270.500 trabajadores.
Contemplada esta auditoría en los presupuestos de la Junta, la Consejería de Hacienda ha destinado tres millones de euros para continuar un trabajo que arrancó nada más llegar al Palacio de San Telmo, aunque esa primera intervención fue de carácter interno, en definitiva, un análisis que recogía, cuándo se crearon esas agencias, con qué fin, así como las recomendaciones.
Durante esa etapa salió a la luz el puesto que el exministro Bernat Soria desempeñaba en la Fundación Progreso y Salud, cargo por el que cobraba 150.000 euros al año, 1,2 millones de euros en 10 años. La polémica saltó porque el exministro socialista no acudía a su lugar de trabajo, y además incumplía su contrato por no preservar el régimen de incompatibilidad. Un informe paralizado en los cajones de Susana Díaz, desveló el caso.
"Sin sesgo ideológico"
Superada la fase inicial, la Junta desarrollará esta auditoría externa en dos etapas. Una primera hasta abril, y la siguiente y última en diciembre. La intención de la consejería que dirige Juan Bravo, la de Hacienda, es que una empresa privada sea la que determine las fortalezas, las debilidades y las recomendaciones a seguir con este entramado de agencias sobre las que existen, al menos sobre algunas, sospechas de contrataciones a dedo y con procesos de selección de personal poco transparentes.
A propósito de ello, Bravo indica a elEconomista que por eso se ha optado por esta auditoría, "para no caer en el sesgo ideológico, y para que nadie nos diga que tomamos decisiones porque unos nos caen bien y otros nos caen mal, o bien porque lo ha hecho el Gobierno anterior. Porque nosotros –incide a su paso por elEconomista– no queremos quitar algo porque lo haya hecho el Gobierno anterior".
Destaca también el consejero que, en pro de que la administración funcione, la Junta ha apartado una cantidad de dinero muy alta, que hasta ahora ninguna comunidad ha destinado. Por cierto, una gestión, la andaluza, que "apenas está digitalizada", motivo por el que se encuentran con cientos de cajas que no facilitan el trabajo. No obstante, Bravo aclara que es posible que, tras la auditoría, algunas agencias trabajarán juntas, otras necesitarán más gente, y otras enviarán a sus empleados a otras agencias. "Se trata de que sean eficientes", señala.
8.000 millones sin justificar
El Ejecutivo del PP y Cs en Andalucía reconoce que tiene 8.000 millones de euros sin justificar, y que corresponden a libramientos de subvenciones, 4.000 millones, y otros 4.000 son de tasas que no han cobrado. Heredada este desajuste de los ejecutivos socialistas, el nuevo Gobierno trabaja por poner las cuentas a punto y saber en qué estado se encuentran, conscientes de que ese dinero no va a emerger en su totalidad, pero con la intención seguir los consejos del Tribunal de Cuentas, que vienen dando desde el año 1996.
