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El Tribunal Supremo anima a los colegios a implantar protocolos contra el abuso sexual

  • Los alumnos tienen más facilidad para hablar de su situación que en casa
Vista del interior de un aula en un centro de enseñanza. Istock

El Tribunal Supremo considera que es necesario que los colegios implanten protocolos de detección de abusos sexuales a menores, ya que "estos guardan silencio por el miedo a las represalias y aceptan la victimización hasta que los hechos son detectados por responsables de un centro escolar, o por denuncias de amigos o amigos de la víctima ante sus propios profesores".

La sentencia, de 17 de octubre de 2019, se centra en los problemas para detectar este tipo de casos e incide en la importancia de la optimización de los protocolos escolares de detección de situaciones de abusos sexuales a menores en situaciones en las que los padres no suelen conocer los hechos, como en el caso concreto.

El ponente, el magistrado Magro Servet, razona que los protocolos son "una herramienta sumamente eficaz, cuya mayor y mejor plasmación se verifica en los centros escolares, que es en donde los menores víctimas de delitos sexuales pueden contar en su intimidad a sus amigos la situación de la que son víctimas, lo que en casa se niegan a contar por miedo o vergüenza".

Cómplices involuntarios

En estos casos, afirma el magistrado que "los responsables de los centros escolares se encuentran en mayor disposición real de poder detectar el abuso sexual que en otro contexto personal o social".

Razona, asimismo, que los expertos en abuso sexual a menores suelen hablar de que la carencia de estos protocolos internos explica en gran parte que "se puede llegar a ser cómplice involuntario del abuso, al no haber dado una respuesta adecuada al problema que en un centro escolar, o centro deportivo a donde acude el menor, o, en definitiva, en cualquier centro público o privado en el que el menor acude a realizar actividades extraescolares, pueda el menor llegar a transmitir o dar signos evidentes de que puede tener un problema grave de esta naturaleza que trata de ocultar".

Dice, asimismo el ponente, que "la elaboración de estos protocolos puede reducir este tipo de casos, y lo que es más importante, la persistencia del abuso sexual del agresor que se aprovecha del miedo de la víctima a denunciar estos hechos". Porque la realidad evidencia que los menores víctimas optan por aguantar su calvario, sobre todo cuando la agresión proviene de su propio entorno y recibe amenazas que se configuran como una auténtica intimidación capaz de conseguir el efecto perseguido por el agresor sexual, cual es el silencio de la víctima y la facilidad en la ejecución de su delito sexual."

La sentencia confirma la condena a 16 años de prisión impuesta a un hombre que agredió sexualmente a una escolar de 14 años de forma reiterada a cambio de suministrarle dinero y droga, que luego ésta distribuía entre sus compañeros para lograr integrarse y ser aceptada. Las agresiones sexuales se descubrieron a raíz de la intervención de un orientador del centro escolar al que acudía la víctima.

Concluye Magro Servet señalando que en hechos tan graves como éstos, los autores se aprovechan de las condiciones personales de menores para atentar contra su sexualidad, aunque ello pueda provocar daños graves en el desarrollo de la personalidad, "lo que no les produce ningún proceso personal de abstención de su conducta, y agrava su responsabilidad penal por el peligro que supone para la sociedad este tipo de conductas que causan un tremendo daño en muchos menores, como ocurrió en este caso".

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