La cadena de datos 'Blockchain', para ser adoptada como prueba en un juzgado Mercanti,l necesita ir acompañada de una pericial que le avale, según ha explicado Yolanda Ríos, magistrada del juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona.
En el transcurso de su intervención en el V Congreso Nacional de Registradores de España, que se celebra en Sevilla, la magistrada ha señalado que "no hay a día de hoy una posibilidad de conocer ni indirecta ni indirectamente quienes son las personas que actúan a través de la tecnología de bloques", lo que lo incapacita como documento público.
"Se ha hablado de firma electrónica cualificada, pero como las operaciones de hace con una ID pública y otra privada, no se pueden establecer vínculos con la persona titular. Por eso, la falta de conocimiento de los intervinientes en las transacciones impide que se pueda considerar al 'blockchain' como documento público, sin ninguna garantía adicional".
Los datos que quedan grabados en la cadena de bloques no es la integridad del documento. No hay un contrato sino un 'hash'. Por ello, para presentar un 'blockchain' como prueba en un juicio va a necesitar un informe pericial, porque si yo leo el has no entiendo nada. El aspecto que más garantías ofrece es el sellado de tiempo, que en Italia si se ha autorizado como prueba.
En un procedimiento mercantil, si que podría ser admitido como un documento privado, que en caso de impugnarse, el aportante tendría la carga de la prueba y debería aportar la demostración de veracidad de la totalidad del documento. Como documento público tiene muy pocas opciones, ha asegurado.
La magistrada dijo también que el 'blockchain' no es más que una base de datos descentralizada, que permite que muchos nodos puedan valorar sus operaciones, de forma que se elimina cualquier tercero, luego es un tema basado en la confianza. Se argumenta que todos los datos están registrados y no se pueden borrar, que es ininmutable y no se puede borrar, además, con múltiples réplicas. De esta forma es muy difícil pensar que múltiples nodos se vayan a poner de acuerdo para alterar una cadena de bloques y validar una transacción que no se ha hecho, pero la falta de transparencia de los intervinientes hace que pierda peso como prueba.
Una conspiración estatal
Más tajante aún ha sido el fiscal Rafael Fernández Morlanes, que ha señalado que "esta tecnología tiene que adaptarse a los juristas y no al revés, al tiempo que ha afirmado que "esta tecnología no va a sustituir nunca al Registrador, que es un funcionario público, porque si no ¿en qué lugar quedarían los derechos de los ciudadanos?
El fiscal ha dicho también, que si bien es difícil que se pongan de acuerdo unos pocos 'mineros' para alterar una cadena de bloques, sí que podría ocurrir que un Estado organizase 'mineros' para alterar el 'blockchain' y, entonces sería imposible demostrar este hecho.
Finalmente, ha explicado las dificultades que plantea la tecnología a la Fiscalía, como, por ejemplo, en el caso de la autoría de un email, cuando son varias las personas que tienen acceso al ordenador. En estos casos resulta muy difícil acusar a una sola persona en particular.