Los magistrados que dirigen los concursos de acreedores consideran que el Reglamento de la Administración Concursal es una urgencia para el sistema. Así, lo asegura Antonio Fuentes Bujalance, magistrado del Juzgado Mercantil nº 1 de Córdoba, que actúa como director académico del II Congreso Nacional del Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ), que se celebrará en Aranjuez Madrid, los días 3 y 4 de octubre, con la participación de una veintena de jueces concursales como ponentes.
Muchas ideas sobre la mesa
"Yo recuerdo haber ido a reuniones cuando estaba destinado en Málaga con el Ministerio y el Consejo de Economistas, pero no hay nada", afirma Fuentes Bujalance. Los Colegios Profesionales están haciendo propuestas, pero el Legislador desde hace años, con Gobiernos de distinto signo, no ha entrado a resolver esta situación de interinidad, porque hay normas previstas, pero que no están desarrolladas, hay proyectos conocidos, pero que no acaban de salir adelante.
"Se ha hablado de hacer un examen, entre otras ideas que se han planteado, pero la iniciativa política que es la que tiene que llevar esto adelante no acaba de culminarlo. No somos conscientes de que esta normativa es fundamental para el mundo de la empresa", asegura el magistrado.
También, indica que, "hay que tener en cuenta que los inversores valoran el marco legal a la hora de hacer inversiones en un país y la propensión a emprender es mucho más fuerte cuando existe una normativa de insolvencia adecuada".
Muchas versiones previas
Otro de los asuntos que se tratarán en el Congreso es el futuro texto refundido de la Ley Concursal, cuyo texto acaba de ser avalado por el Consejo General del Poder judicial (CGPJ). A este respecto, Fuentes Bujalance asegura que ha visto un texto refundido, de los varios que se han ido lanzando, hasta que uno acaba diciendo que ya no lee más hasta que no salga el definitivo.
"Estamos hablando de un texto refundido y cualquiera que conozca la técnica legislativa debe saber que no debe aprobar ningún tipo de novedad. Se trata de ordenar el contenido del texto", asegura.
Sobre la claridad de el nuevo texto, afirma que "si entendemos que claridad es pasar de algo más de 200 artículos a cerca de 500, porque un artículo que tiene cuatro o cinco puntos lo dividen en do o tres artículos, podemos decir que viene a aclarar".
Además, manifiesta que habrá que leer el texto para ver si se ha sobrepasado el mandato del legislador de limitarse a refundir el texto de la Ley.
Finalmente, se refiere a la sentencia del Tribunal Supremo, del mes de junio de este año, que exonera las deudas con Hacienda y la Seguridad Social. Era una sentencia esperada, que los juzgados ya estaban aplicando.
