Paquete Ómnibus: ¿puede Europa permitirse retroceder en materia de sostenibilidad?

La reciente aprobación del paquete Ómnibus por parte de la Comisión Europea ha generado una importante reflexión en el entorno regulatorio europeo, especialmente entre quienes siguen de cerca la evolución del marco normativo en sostenibilidad corporativa.

Presentado como una medida orientada a reducir la carga administrativa y reforzar la competitividad del tejido empresarial, este conjunto de propuestas legislativas introduce cambios significativos en instrumentos clave del ecosistema ESG europeo, cuya repercusión merece ser analizada con detenimiento.

Entre los aspectos más relevantes del paquete se encuentra la revisión de la Directiva de Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD), una de las piezas centrales en la nueva arquitectura del reporte no financiero europeo.

El ajuste del umbral de aplicación propuesto implica que una parte del tejido empresarial, especialmente en el segmento de medianas empresas, pasaría a no estar obligada a reportar bajo los estándares europeos de sostenibilidad (ESRS).

Ahora bien, esto no supone su olvido ni exclusión, sino que esas obligaciones se transforman en recomendaciones. Se reduce el alcance obligatorio de la normativa, pero las PYME seguirán teniendo que proporcionar datos a las grandes empresas en sus cadenas de valor. La principal diferencia es que ahora se abre un mayor margen de ambigüedad en cuanto al formato y la forma en que deben hacerlo.

Para solventar esta situación, la EFRAG ha desarrollado un estándar específico para PYME. Este marco tiene como objetivo ayudar a las empresas a entender qué es lo mínimo que deben reportar y en qué formato, reforzando así la trazabilidad y facilitando la interoperabilidad de la información entre organizaciones de distinto tamaño.

En este sentido, conviene subrayar que la necesidad de datos y transparencia sigue plenamente vigente. El interés del mercado por contar con información fiable y comparable no ha desaparecido; al contrario, continúa creciendo como base para una toma de decisiones informada, tanto para inversores como para los propios órganos de gobierno corporativo.

La ambición normativa de la CSRD se apoyaba precisamente en su vocación de universalidad progresiva, permitiendo extender una cultura de transparencia y gobernanza responsable más allá de las grandes corporaciones. Limitar su alcance en esta fase inicial podría debilitar uno de sus mayores logros: su capacidad para construir una infraestructura común de datos ESG útil y coherente para toda la economía europea.

De forma paralela, el paquete plantea modificaciones sobre la taxonomía ambiental de la Unión Europea y sobre el reglamento de divulgación en materia de finanzas sostenibles (SFDR). Estos ajustes, orientados a simplificar criterios técnicos, afectan al equilibrio del trípode normativo que ha guiado la estrategia regulatoria comunitaria en sostenibilidad: CSRD, taxonomía y SFDR.

La alineación entre estos tres instrumentos es esencial para garantizar consistencia, evitar cargas duplicadas y mantener la armonización regulatoria en los distintos Estados miembro.

En este sentido, cabe destacar que una regulación eficiente no es necesariamente más breve o menos exigente; es aquella que ofrece claridad, coherencia y previsibilidad. La experiencia demuestra que una regulación ambiciosa y bien diseñada es palanca de innovación, competitividad y resiliencia.

En definitiva, confiamos en que la aprobación final del paquete Ómnibus contemple la realidad del mercado: la transparencia en la información no solo sigue siendo necesaria, sino que es un elemento imprescindible para avanzar hacia modelos económicos más sostenibles, responsables y robustos.