Los expertos recomiendan que los montes de propiedad comunal se transformen en sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil

En la mesa celebrada en el seno del Curso desarrollado por el Colegio de Registradores en San Sebastián, sobre "la nueva estrategia forestal hacia 2030 de la Unión Europea y el cambio climático", Pedro Pernas, registrador de Jaca y colaborador de asuntos europeos del Colegio de Registradores, ha moderado el debate en torno a los nuevos retos de la estrategia forestal de la UE.

El encuentro ha contado con la intervención de Marta Ballesteros, experta internacional en la materia, y Francisco Javier Gimeno, secretario general de la asociación de los Registradores de la Propiedad europeos.

Ballesteros ha expuesto los principios de la estrategia europea en materia forestal, orientada a la defensa del medio ambiente y la sostenibilidad de los bosques. Ha destacado la relevancia de conocer la titularidad de los montes y el papel que desempeñan los registros de la propiedad para garantizar la seguridad jurídica y la propiedad privada.

En su intervención, Ballesteros también propuso como vía de mejora que los bosques comunales o vecinales se transformen en sociedades mercantiles inscritas en el Registro Mercantil, lo que facilitaría una gestión más eficaz y flexible, permitiendo incluso adaptar los estatutos a las tradiciones locales.

Francisco Javier Gimeno, por su parte, subrayó la capacidad de acceso de los montes públicos, privados o mixtos a los registros de la propiedad y mencionó instrumentos como la concentración de parcelas forestales o la conversión en sociedades mercantiles para simplificar la gestión de los mismos.

Origen y características

En España existen más de 1,5 millones de hectáreas de "montes de socios", terrenos cuya titularidad recae en colectivos de propietarios en régimen de proindiviso. Se calcula que el número de condueños podría superar el millón de personas, aunque la identificación de estos es, en muchos casos, casi imposible.

Solo en Soria hay al menos 150.000 hectáreas bajo esta figura; en Ávila, unas 50.000. Su origen se remonta a las desamortizaciones del siglo XIX, que pusieron en venta grandes extensiones de terreno hasta entonces en manos de la Iglesia, el Estado o la beneficencia. Muchos de estos montes fueron adquiridos de manera colectiva por habitantes de los pueblos, ante el temor de perder el acceso a los recursos que sustentaban su modo de vida.

A diferencia de otras figuras jurídicas como los montes vecinales en mano común o los montes públicos, los montes de socios constituyen comunidades funcionales y perdurables, regidas por normas especiales y ligadas históricamente a las zonas más despobladas del país.

Su funcionamiento práctico dependía, en tiempos pasados, de la estrecha relación entre vecinos; sin embargo, la despoblación, la emigración a las ciudades y la dispersión de las herencias han complicado su dinámica hasta extremos insostenibles.

Problemas actuales

Durante décadas, la gestión de los montes de socios ha sido deficiente o prácticamente inexistente, como consecuencia de la imposibilidad legal para regularla hasta la reforma de la Ley de Montes en 2003.

Actualmente, es difícil encontrar los datos de los actuales propietarios, descendientes de quienes compraron los terrenos hace más de un siglo, lo que complica cualquier intento de administración o puesta en valor de estos montes.

La normativa hipotecaria exige la identificación de todos los titulares, lo que, sumado a la existencia de cuotas desconocidas y la dispersión de los copropietarios (en general, con participaciones minúsculas), imposibilita la toma de decisiones y bloquea la gestión.

El régimen de adopción de acuerdos es prácticamente inviable: se requiere el 50% de las cuotas para decisiones ordinarias y el 100% para cambios sustanciales, metas inalcanzables en la práctica.

Las juntas gestoras de montes de socios, constituidas desde 2003, carecen de personalidad jurídica. Esta situación impide el cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que no pueden figurar como sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades. La imputación fiscal a cada comunero es irrealizable por la falta de datos sobre los titulares, lo que limita la capacidad de recaudación y genera una situación de bloqueo administrativo.

Además, muchos propietarios desconocen su condición, pues los registros históricos incorporaban solo a los fiduciarios y no a todos los integrantes de los colectivos vecinales, y la transmisión de la titularidad tampoco se ha documentado debidamente a lo largo de generaciones. Los listados genealógicos para identificar a los descendientes se enfrentan a una tarea titánica, pues muchas familias han emigrado y han perdido el vínculo con la tierra.

Soluciones propuestas

La Ley de Montes de 2003 permitió la creación de juntas gestoras para administrar los intereses de los copropietarios. Sin embargo, su falta de personalidad jurídica limita su eficacia y las condena a un limbo fiscal y jurídico.

Algunas asociaciones han propuesto la transformación de los montes de socios en sociedades mercantiles, como sociedades limitadas, inscritas en el Registro Mercantil. Esta fórmula aportaría ventajas de gestión y flexibilidad, permitiendo incluir tradiciones locales en los estatutos. Sin embargo, en la práctica, algunas sociedades han dado marcha atrás por la imposibilidad de asumir los pagos a Hacienda y a la Seguridad Social del administrador.

En paralelo, se han implementado medidas para que las cuotas sin titular pasen al Ministerio de Agricultura tras la identificación de todos los posibles comuneros, previendo la disolución de la junta gestora y la aplicación de las normas generales de la comunidad de bienes reguladas en el Código Civil.

Desde Castilla y León, la Ley 3/2009 permite que las juntas gestoras destinen los beneficios de las cuotas no esclarecidas a obras o servicios de interés general en las localidades donde se encuentran los montes, una iniciativa que podría servir de referencia para otras regiones.

Para facilitar la identificación de los comuneros y resolver la titularidad, los registros de la propiedad recomiendan la reanudación del tracto sucesivo. Sin embargo, la atomización de las participaciones y los altos costes disuaden a muchos descendientes de regularizar su situación.

Potencial de futuro

La revitalización de los montes de socios no solo contribuiría a la conservación del medio natural y la generación de actividad económica en zonas despobladas, sino que también reforzaría el vínculo social y cultural con el territorio.

Sin embargo, la resolución de los problemas de titularidad y gestión exige impulsar reformas legales que permitan una administración eficaz, la clarificación de la propiedad y un modelo de tributación adecuado. Mientras tanto, los registradores recomiendan la constitución de sociedades mercantiles.

Begoña Beitia, registradora y vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores, ha cerrado el congreso destacando la labor de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles como servidores públicos que siguen procesos de formación continua para seguir avanzando en el perfeccionamiento de la seguridad jurídica y el mejor conocimiento del derecho europeo.