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La Abogacía alerta que los asuntos afectados por la huelga de jueces ya no se resolverán en 2025

  • Señala que se sumaran a los ocho millones de casos pendientes
El presidente de la Abogacía, Salvador González. | EP
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La Abogacía ha lamentado este martes los daños incuestionables causados por el primer día de huelga de jueces y fiscales y ha alertado que las decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025, lo cual complicará todavía más la situación de un sistema judicial con casi ocho millones de asuntos pendientes.

"No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día pero los decanos me han ido trasmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande", afirmó el presidente de la Abogacía, Salvador González este martes en un comunicado. "El 2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes y podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor", añadió.

Por ello González volvió a insistir en la necesidad de que las asociaciones de jueces y fiscales convocantes y el Gobierno reanuden el diálogo para poner fin al conflicto. Y pidió que mientras la huelga siga se cumplan los servicios mínimos y se pongan en marcha medidas para minimizar los daños a la ciudadanía y a los profesionales de la abogacía.

Concretamente reclamó, entre otras medidas, que se avise con antelación suficiente de las vistas y juicios suspendidos, que se articulen medidas para que las oficinas judiciales con el titular de huelga continúen tramitando asuntos, y que en aquellos juzgados donde los titulares no estén de huelga el trabajo se desarrolle con normalidad.

También solicitó que el retraso producido como consecuencia de esta huelga se trate de aliviar reagendando los asuntos tan pronto como sea posible y estableciendo, por parte de las administraciones, planes de recuperación que permitan que la ciudadanía afectada pueda ver reparados cuanto antes los daños causados.

"No olvidemos que detrás de cada juicio suspendido, hay ciudadanos y profesionales de la abogacía que les acompañan que no han podido obtener hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución", recordó.

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