Madrid
El Gobierno seguirá adelante con la tramitación parlamentaria de las reformas del acceso a las carreras judicial y fiscal y de la propia Fiscalía, a pesar de la huelga que todas las asociaciones de togados -menos las progresistas- han anunciado para 1, 2 y 3 de julio si el Ejecutivo no da marcha atrás, según fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
A través de un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han anunciado este martes que irán a la huelga esos tres días si el Gobierno no retira ambos proyectos de ley.
Las fuentes ministeriales sostienen que "la mayoría parlamentaria y la mayoría de la sociedad está con las reformas", por lo que han aclarado que "seguirán su tramitación en las Cortes" Generales. El Gobierno confía en que queden aprobadas este verano.
En la misma línea se ha expresado el ministro, Félix Bolaños, en la red social X al afirmar que "hay una mayoría parlamentaria a favor de modernizar la Justicia", que ha confiado en que "mañana será un consenso" porque "la ley amplía y fortalece la carrera judicial y fiscal y garantiza la independencia del Poder Judicial".
"Máximo respeto a la huelga convocada, por discutibles que sean los motivos", ha dicho el titular de Justicia.
Además, en declaraciones a los periodistas desde el Senado, el ministro ha tachado de "infundados" los motivos de la convocatoria, porque "no hay ni una sola línea" en la reforma "que afecte ni al principio de independencia judicial ni al Estado de Derecho y no hay más que leerse el proyecto de ley para comprobarlo".
"Esas afirmaciones", ha incidido, "están huérfanas de todo argumento y no hay ninguna motivación que justifique lo que se dice en cuanto a afectación al principio de independencia judicial". Bolaños ha defendido que, en su caso, "muchas veces" ha pedido "respeto" para el Poder Judicial cuando ha escuchado declaraciones "inaceptables o simplemente ofensivas" de diputados o senadores que "han faltado el respeto a jueces, magistrados o fiscales".
Jueces y fiscales, sin embargo, critican que se rebajen las pruebas para el acceso del cuarto turno, ya que se quitan las pruebas orales que consta de 144 temas y se introduce un dictamen escrito de evaluación subjetiva, además de regalar cinco años de antigüedad a estos profesionales. Asimismo, reprochan que los cambios permiten al Gobierno pasar a controlar su formación a través del Centro de Estudios Jurídicos.
A juicio de los profesionales, la reforma permitirá al poder político influir en el perfil de quienes ingresen en la carrera judicial y fiscal.
"Con esa misma legitimidad con la que he pedido respeto para el Poder Judicial, ahora pido respeto para el Congreso, para el Senado, para los representantes de la ciudadanía elegidos democráticamente, para que puedan llevar a cabo las reformas que necesita nuestra justicia y lo hagan sin presiones de ninguna clase", ha reclamado.