
El Tribunal Supremo (TS) se suma a las críticas de jueces y fiscales de la reforma legislativa que pretende el Gobierno para reformar el acceso a la carrera judicial y fiscal. La futura norma, que ya se tramita en el Congreso, entre otros aspectos, pretende dar plaza fija a 1.300 jueces y fiscales sin necesidad de que pasen la habitual oposición.
El alto tribunal, en un comunicado oficial emitido este martes, muestra su preocupación por la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes. "No puede ser ajena al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado pues tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término", indica.
Las críticas llegan justo un día antes de que comiencen las protestas por esta reforma. Miles de jueces y fiscales han convocado un paro de 10 minutos para este miércoles a las 12:00 horas del medio día. No obstante, si el Ejecutivo no da marcha atrás a su norma, amenazan con ir a la huelga.
La Sala de Gobierno secunda las palabras de la presidente del CGPJ y del TS, Isabel Perelló, sobre que el actual acceso a la carrera judicial garantiza la "objetividad y la transparencia" en la acreditación de la idoneidad y suficiencia profesional para ser juez. "El acceso a la judicatura no precisa de reformas especiales sino de medidas de apoyo, como las becas, para preparar el proceso selectivo", añade el tribunal.
El Supremo admite que es necesario incrementar la planta judicial, pero aboga por hacerlo por las vías constitucionales. Es decir, que el acceso a la función pública cumpla con los principios de mérito, capacidad e igualdad.
Ley de Eficiencia de la Justicia
Por otro lado, respecto a la Ley de Eficiencia de la Justicia, cuya primera parte entró en vigor el 3 de abril y que reforma la estructura de esta Administración a la par que aboga por su digitalización, el tribunal señala que el Gobierno se ha olvidado de las reclamaciones que lleva haciendo el Supremo "reiteradamente".
"El Tribunal Supremo sigue esperando desde hace años la regulación de su Gabinete Técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico", lamenta.
La Sala de Gobierno reprocha que estas cuestiones "vuelven a ignorarse" en un contexto de innovación en el que la única previsión es la creación de un servicio común de tramitación a atender "con puestos de trabajo peor retribuidos" que los de juzgados, audiencias y tribunales superiores de justicia que mantienen las CCAA.
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