En la era digital, donde la relación entre el ciudadano y la Administración se desarrolla casi exclusivamente en entornos virtuales, los gestores administrativos se han consolidado como una figura esencial del ecosistema jurídico y económico.
Más allá de los tópicos que los vinculan únicamente al "papeleo", estos profesionales son hoy el primer eslabón entre la sociedad y el Estado, el puente que garantiza que los derechos puedan ejercerse con eficacia y que las obligaciones no se conviertan en sanciones por mero desconocimiento.
"Somos asesores, gestores y tramitadores, pero también defensores del ciudadano y de la empresa", resume Fernando Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. En sus palabras resuena la definición que recientemente ofreció el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien destacó que "los gestores son traductores simultáneos del lenguaje público al ciudadano".
Según considera José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, los gestores administrativos podrían encargarse del asesoramiento previo al procedimiento previsto legalmente, para lo que considera que tendría que abrirse, por tanto, "la participación de la justicia a muchos más sujetos y no solo a los abogados".
Lectura legal de los expedientes
El papel de estos profesionales va mucho más allá del asesoramiento técnico. Los gestores administrativos ejercen funciones eminentemente jurídicas, aplicando normas, interpretando reglamentos y garantizando que las actuaciones administrativas se ajusten a Derecho. En cada expediente, en cada recurso o trámite, hay una lectura legal que estos profesionales dominan. En la práctica, son juristas que actúan preventivamente para evitar que los ciudadanos y pymes se enfrenten a situaciones de indefensión.
No es casualidad que cada vez más operadores jurídicos reconozcan esta dimensión. En un reciente foro sobre justicia y ciudadanía, el exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, subrayó la necesidad de fortalecer los cauces de interlocución entre el ciudadano y las instituciones: "La democracia necesita mediadores eficaces entre el individuo y el Estado; sin ellos, el acceso a la justicia se convierte en una carrera de obstáculos". Un mensaje que sintoniza con la reivindicación de los gestores administrativos por ser reconocidos como una profesión jurídica de pleno derecho.
Antes de que un conflicto derive en sanción o litigio, es el gestor quien interviene. Interpretan normas, evitan errores, presentan escritos, formulan recursos, y garantizan el acceso efectivo a los derechos en un entorno cada vez más digitalizado y menos accesible para muchos. Su rol como garantes del cumplimiento normativo en el ámbito administrativo y fiscal los sitúa en el corazón del Estado de Derecho.
Por ello el Consejo General y el Colegio de Madrid de Gestores Administrativos han celebrado cuatro encuentros jurídicos en los que se ha abordado, entre otros asuntos, el riesgo de debilitar el poder judicial ante la presión política y mediática
Fortalecer el Estado de Derecho
Fernando Santiago insiste en que "esta profesión representa como pocas el equilibrio entre la alta responsabilidad institucional y la cercanía con el ciudadano. Reconocer a los gestores administrativos como una profesión jurídica no es solo una cuestión de dignificación, sino que fortalecería los engranajes esenciales de nuestro Estado de Derecho".
La propuesta es clara: institucionalizar su reconocimiento jurídico. No se trata únicamente de un título formal. Es una necesidad jurídica y democrática. El gestor administrativo actúa como intérprete cualificado de la legalidad, como garante de que el ciudadano común —que no tiene por qué conocer el lenguaje ni los procedimientos administrativos— no se vea atrapado en un sistema complejo e ininteligible.
En este sentido, el colectivo ha solicitado formalmente su adscripción al Ministerio de Trabajo y Economía Social, al considerar que su función profesional —profundamente ligada al derecho laboral, la Seguridad Social, la gestión de extranjería o la fiscalidad— encaja mucho más con las competencias de este departamento. Actualmente, están adscritos al Ministerio de Política Territorial, una ubicación que, según denuncian, invisibiliza su verdadera naturaleza jurídica y limita su interlocución con los órganos que regulan directamente su labor.
???????Defensores de la legalidad
Su especialización en derecho administrativo, tributario y laboral, junto con una actualización constante frente a la avalancha normativa, los ha convertido en figuras imprescindibles para garantizar seguridad jurídica. Como resume Santiago, "los gestores no solo resolvemos problemas; los prevenimos. Aseguramos que los trámites se hagan bien desde el inicio, mitigando los riesgos legales y fiscales que podrían derivar en graves consecuencias".
En tiempos de desconfianza hacia las estructuras del poder, los gestores administrativos reivindican su papel como defensores de la legalidad como instrumento de convivencia, y no como arma política. Consideran que reconocer jurídicamente esta profesión es reconocer su verdadero papel: juristas de proximidad que traducen la ley en soluciones prácticas para ciudadanos y empresas. Este colectivo profesional reivindica que se trata de un acto de justicia que, al mismo tiempo, refuerza la democracia.
Relacionados
- Un fallo abre la puerta a subir la indemnización por despido si el trabajador acredita los daños sufridos
- Hacienda empezará a bloquear las cuentas bancarias de las personas que estén en esta lista
- Los herederos no tienen que pagar el Impuesto de Sucesiones en estos casos: Hacienda lo perdona por ley
- ERC propone un nuevo impuesto para los ciudadanos que compren terceras o más viviendas
