Los consejeros de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Valencia, La Rioja y Cantabria) presentes en la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra en Barcelona para abordar la nueva ley de eficiencia judicial, que entró ayer en vigor, han abandonado la reunión este viernes.
Las Comunidades del PP justifican su ausencia al considerar que se trata solo de una foto y no aborda cuestiones esenciales como la financiación.
En la reunión está presente el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia, Ramon Espadaler.
Bolaños, por su parte, ha tachado de "gamberrismo institucional" la decisión de estas siete comunidades y ha lamentado la "descortesía y gamberrismo político" del PP: "Es obvio que cada día se parece más a Vox, ha abandonado la política institucional", ha dicho sobre el Partido Popular, según recoge Europa Press.
Sin embargo, desde el PP son tajantes: "Nos vamos como vinimos, porque prácticamente lo único que hemos visto es que aquí se quería hacer un paripé. Ninguno de los puntos que nos parecían fundamentales para poder abordar una ley de eficiencia que va a transformar por completo la estructura judicial de nuestro país, ninguno de esos puntos han sido recogidos y no han sido incorporados al orden del día", ha censurado el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.
La ley de eficiencia
La ley de eficiencia procesal contempla la obligatoriedad de acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda, con el fin de poner freno a la saturación del sistema judicial.
Para ello, se deberá recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en asuntos civiles y mercantiles, para "la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes".
Según indica el Ministerio de Justicia, "la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia prevé una reforma profunda de la organización judicial - cuya entrada en vigor se producirá de manera escalonada a partir del 1 de julio de 2025 - que la convertirá en una estructura más ágil, más flexible y con mayor capacidad de respuesta ante la congestión de los juzgados".
