Galicia
El gobierno gallego ha reclamado abordar en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia las demandas de las comunidades, entre ellas, la financiación por los costes de implantación de la ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, y que se dé respuesta a las demandas planteadas, para que el encuentro no sea una mera declaración de intenciones.
En una carta remitida al ministro de Justicia, de cara a esa Conferencia Sectorial que se celebrará en Barcelona, el conselleiro de Presidencia e Xustiza , Diego Calvo, ha señalado que es "indispensable" abordar cuestiones como la financiación a las comunidades con competencias transferidas por el coste de implantación de esa nueva normativa.
También se refirió Calvo a la intención de aprobar los nuevos modelos de referencia, modificaciones reglamentarias, el impacto de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el turno de oficio y la aprobación del marco común del teletrabajo.
El orden del día de la reunión recoge un único punto, "muy genérico", sobre el estado de implantación del nuevo modelo organizativo, pero ha advertido de que, en estos momentos, en plena aplicación de la nueva ley de medidas de eficiencia, "hay decisiones que deben ser tratadas y acordadas" entre todos sus integrantes.
Según ha informado la Xunta, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha respondido mostrando su disposición a abordar estas cuestiones, "pero no se ha remitido un nuevo orden del día", por lo que la Xunta ha insistido en dicha remisión para que incluya los puntos solicitados.
Labor coordinada
La Xunta espera que se incluyan esos asuntos y que la Conferencia sirva para "dar respuesta" a las demandas de las regiones de manera que sea "realmente efectiva", en aras de la colaboración institucional y el trabajo coordinado. De hecho, el gobierno gallego ya ha expresado en diversas ocasiones que la ley estatal de eficiencia no está acompañada por una transferencia presupuestaria, y ha lamentado la falta de un análisis del coste inicial de su implantación.
Para la Xunta la implantación del nuevo modelo organizativo supondrá actualizar los modelos de referencia de las oficinas judiciales, su reglamento y protocolos locales de actuación, elaborar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo, en consenso con los sindicatos, o hacer la asignación del personal a los puestos correspondientes.