
El sindicato USO se une a las multitudinarias críticas de otros sindicatos, asociaciones e instituciones contra la decisión del Gobierno de aplazar en cuatro años las devoluciones del IRPF a los pensionistas que en su día hicieron aportaciones a las antiguas mutualidades laborales.
El sindicato explica en un comunicado que ha remitido una solicitud al Ministerio de Hacienda solicitando una revisión de la fórmula de pago de la deuda que afecta a los pensionistas mutualistas. "Solicitamos que se implementen medidas para simplificar este procedimiento, como establecer un sistema de pago único o automático que no requiera múltiples solicitudes. Asimismo, pedimos que se garantice información clara y accesible para todos los mutualistas afectados", indican.
La Administración decidió el pasado diciembre dejar sin efecto las solicitudes de devolución de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 remitidas por los mutualistas durante 2024 al fisco para cobrar en un único pago lo que se les debe de IRPF. A partir de 2025, los pensionistas solo podrán pedir a través de un nuevo formulario que la Agencia Tributaria pondrá a disposición en su web esta primavera la devolución de un solo año por ejercicio. Es decir, este 2025 podrán reclamar el IRPF de 2019; en 2026, el de 2020; en 2027, el de 2021; y en 2028, el de 2022.
Hacienda para así el golpe en las cuentas que supone desembolsar tal cantidad de millones de euros en devoluciones, ya que se prevé que superen los 1.700 millones de euros. De hecho, el fisco ya había devuelto más de 1.300 millones de euros hasta el pasado mes de octubre.
Sin embargo, a pesar de las multitud de críticas que ha recibido la Administración por el cambio de sistema en las devoluciones, Hacienda aún no se ha pronunciado al respecto.
Desde USO consideran que esta situación supone una carga administrativa innecesaria, especialmente para los pensionistas que enfrentan dificultades de movilidad, acceso digital limitado o problemas de salud. "Este proceso de reclamación de cantidades puede suponer una gestión completa, pues muchas personas mayores carecen de experiencia en los procesos digitales exigidos por Hacienda y, el hecho de repetir solicitudes anualmente, incrementa la probabilidad de errores y dificultades", señalan.
También critican la falta de información clara, generando confusión y desinformación, dificultando el acceso a derechos que son legítimos.
El Defensor del Pueblo ha recibido un centenar de reclamaciones de los mutualistas afectados y ya ha entrado en el asunto reclamando a la Secretaría de Estado de Hacienda información al respecto.
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