El decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha informado que el dinero bloqueado en las cuentas de consignación de los juzgados, correspondientes a ciudadanos y empresas suma en torno a 4.800 millones de euros. Una situación que se agravó con el parón que supusieron las huelgas de la Administración de Justicia de 2023.
Así lo ha anunciado en un acto informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), con quien la Institución Judicial ha firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la cooperación entre ambas entidades en el ámbito de la formación y la divulgación jurídica, adquiriendo el compromiso de fomentar actividades conjuntas que beneficien tanto a los profesionales del Derecho como a los de la comunicación jurídica.
El Decano del ICAM explicó que estos 4.800 millones de euros se deben al dinero que se les debe a ciudadanos y empresas por decisiones judiciales, así como las costas y los honorarios profesionales de los abogados. "La falta de entrega de estas cantidades está causando problemas financieros a empresas y profesionales, e incluso puede llevar a la quiebra a algunas empresas", ha explicado.
Además, ha destacado que, en algunos casos, como el juzgado 101 de Madrid, hay cientos de millones de euros de los ciudadanos sin reintegrar como consecuencia de la exposición de cláusulas abusivas, lo que genera intereses para la Administración en lugar de para los ciudadanos.
De esta forma, el ICAM propone una modificación normativa para que las entidades que operen las cuentas de consignación judicial generen intereses en favor de los ciudadanos y las empresas, similar a cuando los ciudadanos deben intereses a la Administración.
Ribón ha realizado un repaso a logros significativos del Colegio a lo largo de 2024, como la actualización de las retribuciones del turno de oficio, la regulación de honorarios profesionales, la defensa del secreto profesional, y la aprobación de nuevos Estatutos que modernizan la institución. También se ha referido a la preocupante situación de la precariedad en la jubilación de los abogados y ha recordado el informe elaborado por .
El expediente judicial electrónico
El repaso también se ha centrado en el expediente judicial electrónico que presenta serios problemas. De una parte, hay dificultades de acceso a la plataforma debido a la falta de uniformidad, ya que cada juzgado conforma los expedientes según los criterios de cada letrado de la administración de Justicia.
Existen fallos de interoperabilidad y falta de conexión fluida entre sistemas en diferentes territorios, lo que impide que los diferentes actores jurídicos accedan al mismo nivel de información. Los sistemas no son interoperables entre las diferentes comunidades.
Hay diferencias significativas entre el expediente en papel y el expediente judicial electrónico. Mientras que el expediente en papel tiene un orden cronológico y está foliado, en el expediente electrónico no existe un orden cronológico ni foliado, lo que dificulta la identificación de actuaciones concretas en un procedimiento.
Esta situación genera una desigualdad para la abogacía, ya que el Ministerio Público y los magistrados sí tienen el expediente foliado y cronológico. Se ha denunciado que esta situación puede suponer una vulneración del derecho al acceso a la igualdad y a un proceso con todas las garantías, incluyendo el acceso a la información procesal. En este caso, también se propone un cambio normativo en el proyecto de Ley de Eficiencia Digital para solucionar estos problemas.
El decano se ha quejado de que la abogacía no forme parte del Comité Técnico de la Administración de Justicia Electrónica, a pesar de ser uno de los principales operadores jurídicos. El ICAM está trabajando en una estrategia para avanzar hacia la Abogacía del futuro, incluyendo el desarrollo digital y el
Objetivos prioritarios de 2025
Los objetivos y ejes prioritarios para el año 2025 del ICAM, según ha destacado Eugenio Ribón , pasan por la publicación de los nuevos estatutos del Colegio de la Abogacía de Madrid en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero.
Estos estatutos, que sustituirán al marco normativo vigente desde 2007, buscan convertir al colegio en una entidad que ofrezca mayor utilidad y servicios a sus miembros. Los nuevos estatutos incluyen medidas como el voto telemático, la introducción de la docencia universitaria como finalidad específica del colegio, una regulación más justa de los honorarios y un límite estatutario para la subida de cuotas.
Se fortalecerá la defensa del secreto profesional, ampliándolo con cambios normativos y con especial atención a la abogacía 'in-house', en la empresa. Se buscará blindar los dispositivos electrónicos de los abogados y se otorgará amparo colegial en caso de intervención de equipos informáticos.
Se seguirá trabajando en la guía de derechos y garantías de la abogacía ante la justicia digital, para asegurar que la digitalización no sea una barrera para el ejercicio del derecho de defensa. También se abordarán los problemas del expediente judicial electrónico, se busca una modificación normativa en el proyecto de eficiencia digital para solucionar estos problemas.
Se pondrá en marcha el plan "Avanza" con 10 ejes estratégicos para avanzar hacia la abogacía del futuro, incluyendo la transformación digital, la formación, la conciliación, la abogacía joven y el turno de oficio.
También, se espera poder desarrollar el máster de acceso a la abogacía y la procura, así como el grado en derecho y dobles grados en la nueva sede. Se instaurará un seguro completo para los abogados que desempeñan labores en el turno de oficio.
Se desarrollará el primer gran congreso iberoamericano de Derecho en el mes de junio, con la presencia de las principales instituciones de Iberoamérica. En el año 2026, se celebrará el 50 aniversario del nacimiento de la Constitución de la UIBA, coincidiendo con la reunión de Jefes de Estado en Madrid. Además, se fortalecerán los lazos internacionales, con especial atención a Iberoamérica.
En definitiva, estos objetivos buscan fortalecer la abogacía, mejorar sus condiciones y defender los derechos de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como internacional.
