Las grandes empresas vigilarán que sus proveedores cumplen en materia de derechos humanos y ambiental

La nueva Directiva europea de Sostenibilidad y Diligencia Debida, en vigor desde el pasado 26 de julio, obligará a las grandes empresas a supervisar a los proveedores, socios o subcontratistas con los que trabajen, independientemente del país en el que se encuentren, para garantizar que cumplen con las obligaciones de la norma en materia de derechos humanos y de sostenibilidad medioambiental.

Esta fue una de las conclusiones que se extrajo del evento celebrado el pasado 17 de enero en la Universidad Carlos III con motivo del décimo aniversario del Posgrado en Compliance (cumplimiento).

En el encuentro tuvo lugar una mesa redonda dedicada a la Directiva en la que participaron representante de grandes compañías españolas y que fue moderada por Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal y Codirector del Postgrado en Compliance UC3M; Alain Casanovas, socio responsable de servicios de Compliance en KPMG España y también codirector del Postgrado en Compliance UC3M; y Carmen Paz-Aparicio, profesora titular de Organización de Empresas y Directora de la Cátedra de Liderazgo y Diversidad de la UC3M.

José Manuel Honorato Vallejo, chief compliance officer en Técnicas Reunidas, indicó que dado que la empresa que representa trabaja en tantas jurisdicciones y con tantos partners (socios, colaboradores), ello exige una labor de coordinación muy intensa. La supervisión abarca desde las condiciones laborales en que están los trabajadores de las subcontratistas, hasta los riesgos medioambientales, pasando por riesgos de discriminación.

Honorato Vallejo señaló que la supervisión, las auditorías internas y las colaboraciones con proveedores son herramientas imprescindibles para que una gran empresa pueda estar a la altura de estos nuevos retos y ello exige que estos proveedores y demás socios comerciales se acompasen también al nuevo marco regulatorio.

Eva Díez-Ordás Berciano, socia de Garrigues y miembro del Comité ESG de Garrigues Sostenible, subrayó el importante cambio que supone incorporar en la normativa herramientas para garantizar la responsabilidad empresarial en toda la cadena de suministro, y señaló los desafíos legales que enfrentan las empresas al integrarla en sus operaciones. La normativa conlleva unas elevadas sanciones para las empresas incumplidoras y responsabilidades civiles.

Paula García-Arango, chief Compliance and Corporate Governance officer en Grupo ACS, analizó los cambios en el gobierno corporativo derivados de la Directiva, enfatizando la necesidad de crear comisiones de sostenibilidad en las empresas y de incluir expertos en riesgos no financieros en los consejos de administración. García-Arango explicó cómo estas transformaciones están redefiniendo la toma de decisiones estratégicas y fortaleciendo el compromiso empresarial con la sostenibilidad.

Finalmente, Mayrata Conesa, gerente de Compliance y Buen Gobierno en AENOR, aportó la visión desde la auditoría y el control, destacando cómo las exigencias normativas se están convirtiendo en estándares mínimos de competitividad para las empresas. Subrayó el papel de la certificación en sostenibilidad como un elemento diferenciador y explicó cómo AENOR está ayudando a las empresas a cumplir con los nuevos requisitos regulatorios. De manera particular, a las pymes que, dado que no son destinatarias directas de la Directiva, con frecuencia no hallan en la normativa pautas claras: por ello, la aportación de las auditoras externas les aporta seguridad.

Afección indirecta a pymes

A este respecto, cabe destacar que, a pesar de que la Directiva se aplica a grandes empresas (aquellas con más de 500 empleados y un facturación anual superior a 150 millones de euros, aunque en sectores de riesgo baja a 250 empleados y unos ingresos de 40 millones), de forma indirecta también afecta a las pymes en la medida que se integren en la cadena de valor de estas grandes compañías. Estas sociedades de menor tamaño también tendrán que garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y sostenibilidad si quieren seguir trabajando para sus grandes clientes.

Los países de la Unión Europea tienen la obligación de transponer esta Directiva a la normativa nacional en dos años desde su entrada en vigor, es decir, hasta el 26 de julio de 2026.

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