
Algunas normativas generan incertidumbre y frenan la implementación del trabajo a distancia, cuyo uso en España se encuentra por debajo del 8%, según las conclusiones del estudio El estímulo a los empleadores y la mitigación de la inseguridad jurídica: dos factores clave en la consolidación del trabajo a distancia, cuya autora es la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Irene Rovira.
Para consolidar el teletrabajo en España, es preciso erradicar dos factores clave: la reticencia de los empleadores a ofrecerlo y la inseguridad jurídica que deriva de la normativa actual, "tanto a causa de sus inéditas características como por las consecuencias de algunas de las regulaciones creadas ad hoc -especialmente la Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia-", dice la investigadora.
El informe estima que consolidar el teletrabajo aporta ventajas para todos los actores implicados: empleadores, empleados y el propio Estado. Hay muchos estudios que muestran los beneficios para los empleadores en términos económicos y de rentabilidad, explica la autora. .
Además, la experiencia mayoritaria es positiva para los empleados y, en cuanto al Estado, el teletrabajo resulta especialmente ventajoso para cumplir con la Agenda 2030.
El equipo de investigación trabaja actualmente para identificar los motivos principales que llevan a los empleadores a no contemplar el trabajo a distancia, entre los que estima que se encuentra, en especial, el cumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos 11 y 12 de la Ley de trabajo a distancia.
En concreto, tales preceptos establecen "el deber de suministrar las herramientas, medios y equipos necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia y el de compensar a los empleados los gastos, directos e indirectos, soportados por la prestación laboral no presencial", apunta Rovira.
La atención a recursos y gastos "no solo puede resultar compleja, sino que puede conllevar consecuencias tributarias e incidir incluso en las cotizaciones de la Seguridad Social", añade.
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