Madrid
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizará si anular la directiva europea que creó el salario mínimo, que en España se sitúa en 1.134 euros al mes. Aún no hay fecha para la sentencia. No obstante, un abogado general del Tribunal se ha posicionado este jueves a favor de anularla la directiva europea, adoptada en 2022, bajo el argumento de que la UE no tiene competencias para regular la remuneración de los trabajadores.
Las conclusiones de los abogados generales de la UE llegan unos meses antes de que el TJUE se pronuncie. No obstante, no son vinculantes para la sentencia. En ocasiones, el tribunal ha fallado de forma distinta a la opición del abogado general.
La Confederación Europea de Sindicatos ha calificado la posición del abogado "muy controvertida" y consideró que supone una amenaza para la "legislación europea más importante para los trabajadores en una generación".
El caso procede de Dinamarca
El letrado europeo se pronunció en respuesta al recurso presentado por Dinamarca, con el apoyo de Suecia, para anular una directiva a la que se habían opuesto desde el primer momento por considerar que interfiere con sus modelos de fijación de salarios basados en la negociación colectiva.
El abogado apoya uno de los argumentos presentados por Copenhague y considera que la directiva debe ser anulada por incumplir el Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite al bloque adoptar directivas para fijar requisitos mínimos en materia de condiciones laborales pero deja claro que estas competencias no se extienden a regular la remuneración de los trabajadores, entre otros aspectos.
Da así la razón a Dinamarca en contra del criterio de las instituciones comunitarias y de ocho Estados miembros que intervinieron en el caso en apoyo a la directiva, incluidos España, Francia, Alemania y Portugal.
La norma, adoptada en 2022, establece medidas para asegurar que los países con salario mínimo fijado por ley lo establecen en niveles decentes y lo actualizan, y que en los Estados dónde se determina vía negociación colectiva, esta cubre a la mayor parte de los trabajadores; pero no fija un salario mínimo común para los Veintisiete. En España, el salario mínimo interprofesional se sitúa en 15.876 euros brutos anuales, aunque el Gobierno pretende incrementarlo este año en 50 euros más al mes.
La Confederación Europea de Sindicatos consideró en un comunicado que la opinión del Abogado en General no tiene en cuenta el objetivo general de la directiva de evitar la competencia injusta a base de salarios bajos, ni varios precedentes legales que avalan la competencia de la UE para regular aspectos ligados a la protección de la remuneración, así como que ignora la Carta Social Europea.
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