Madrid
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente denuncian que la nueva ley que ha planteado el PSOE para limitar el papel de la acusación popular permitiría que gobiernos de cualquier signo aprovechen la falta de independencia del Ministerio Fiscal y esta limitación "para crear espacios de impunidad y eludir el control que respecto de su actuación han de llevar a cabo los jueces y magistrados integrantes del poder judicial".
El PSOE presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que restringiría el papel de las acusaciones populares (aquellas que se personan en un caso sin ser perjudicadas para defender el interés de la sociedad). La norma prohibirá que jueces, fiscales, asociaciones de jueces y fiscales, partidos políticos y organizaciones vinculadas a ellos puedan ejercer la acusación popular en un caso. Asimismo, el resto de entidades que se personen como acusación popular deberán acreditar un vínculo concreto con el interés público que persiguen defender.
Las dos organizaciones indican en un comunicado conjunto que la imposibilidad de que las asociaciones profesionales de jueces puedan ejercer la acción popular supondría una injustificada limitación al papel que estas entidades han de tener en defensa de la independencia judicial y de los derechos profesionales de la carrera, así como para la promoción y defensa del Estado de Derecho.
"Los procedimientos penales acaban por sentencia, condenatoria o absolutoria, en virtud de los hechos que se consideren probados, y con respeto al principio de presunción de inocencia, y no en función de quién haya ejercido la acusación", matizan.
Además, destacan que el ordenamiento jurídico ya tiene mecanismos para sancionar el abuso de derecho y las denuncias falsas. "Si lo que se pretende es acabar con el estigma social que se genera a las personas investigadas por una instrucción judicial, o limitar la llamada "pena de banquillo", lo correcto sería dotar a los órganos judiciales de medios adecuados para que los procedimientos se puedan completar en períodos de tiempo razonables, pero nunca limitar las vías de acceso a la tutela judicial, ni los medios de conocimiento por jueces y tribunales respecto de hechos que puedan ser delictivos", señalan.
Independencia de los jueces
Finalmente, añaden que si otro de los puntos más relevantes de la nueva ley es salvaguardar la independencia de los jueces evitando que se comprometa su imagen por exteriorizar una opción política, "lo más adecuado sería reformar de manera urgente y definitiva el sistema de elección de vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en la actualidad obliga a los jueces y magistrados que presentan sus candidaturas a someterse al escrutinio de los partidos políticos, asumiendo ante la ciudadanía una etiqueta de "conservador" o "progresista" que lastrará el ejercicio futuro su actividad jurisdiccional".