Madrid
El Gobierno prepara una nueva ley para proteger la sanidad pública que permitirá a la Administración recuperar la gestión de los centros privatizados y limitar las nuevas concesiones para entregar a las empresas privadas la gestión de los servicios sanitarios.
El Ministerio de Sanidad ha sacado a consulta pública hasta el 28 de mayo el Proyecto de Ley de Gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud para poner fin a los cambios que han introducido las compañías privadas en la gestión de la salud al condicionarla al "funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales".
Los principales objetivos de esta nueva, tal y como marca el texto, son cuatro. De un lado, se limitará la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de las empresas privadas con ánimo de lucro. Además, también se facilitará "la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes".
El tercer objetivo pasa por imponer unas nuevas pautas de transparencia a las compañías que ya gestionan centros o servicios públicos, en materia de auditoría y rendición de cuentas. Y, finalmente, se pretende establecer unas prácticas para alinear el sistema sanitario público con los objetivos de la sociedad española.
El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, justifica que con esta nueva ley se pretende poner fin a los problemas surgidos con la privatización de la sanidad pública como la pérdida del control de la gestión y la creación de sistemas paralelos de derivación entre centros sanitarios en aquellas CCAA en las que una empresa ha copado una parte significativa del mercado de la gestión privada de centros sanitarios públicos.
La norma también pretende acabar con la "incapacidad de las administraciones de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión llevadas a cabo por gobiernos previos y cuyos efectos se han prolongado durante décadas". El Ministerio de Sanidad retoma así su proyecto para proteger la sanidad pública, después de que en la anterior legislatura el Consejo de Ministros ya aprobara el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria, pero decayera con el adelanto electoral.
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