Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley Orgánica Integral contra la Trata que decayó en la pasada legislatura por el adelanto electoral. La norma amplía y garantiza los derechos de los afectados y les reconoce la residencia, el permiso de trabajo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o la misma ayuda económica que a las víctimas de violencia sexual. Además, la ley amplía el concepto de trata a otras como la laboral, la sexual, la trata con objetivo matrimonial, matrimonios concertados o para el comercio de órganos.
Derechos de la víctima
La norma reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima. Se le informará en un idioma que pueda comprender. Desde el momento de la detección, las presuntas víctimas tienen derecho a recibir información y asesoramiento, a ser derivadas de forma inmediata a los servicios especializados de asistencia y protección, y derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo. Se reconoce también el derecho a la privacidad y a la protección de la identidad desde el momento de la detección y el derecho a la asistencia jurídica gratuita. La efectividad de estos derechos no se vincula a la interposición de una denuncia ni a la participación de las víctimas en la investigación.
Permiso de residencia e IMV
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que las víctimas de trata tendrán derecho al permiso de residencia y de trabajo en España. La norma reconoce también derechos laborales y económicos a las víctimas. En concreto, el derecho a la inserción social y laboral, el derecho a acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el acceso a la vivienda. Igualmente se reconoce el derecho a la reparación integral y el derecho a una compensación económica adecuada en forma de indemnización.
Menores
Igualmente, contempla la protección de menores víctimas de trata y explotación. Así, se reconoce el derecho a una protección y asistencia especializadas, adecuadas a la tipología de trata y explotación sufrida y al perfil de la víctima y con un procedimiento ágil, especializado y bajo el principio del interés superior del menor. Se pretende garantizar la información y participación de los menores en todos los procedimientos y la continuidad de la asistencia y protección una vez alcanzada la mayoría de edad. También se prevén medidas específicas para los menores no acompañados (MENA) y la no repatriación por interés superior del menor.
Ayudas económicas
El Gobierno desarrollará la Ley del sólo sí es sí para extender las ayudas económicas a víctimas de violencia de género a las víctimas de violencia sexual.