Madrid
La prórroga hasta 2025 del gravamen a la banca y a energéticas y la del impuesto a las grandes fortunas decaerá si el Ejecutivo no logra un acuerdo con los partidos políticos para extender su efecto. El rechazo del Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados al Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas para paliar los efectos de la inflación y la sequía conllevaría la desaparición de ambas tasas una vez finalice este año.
El Ejecutivo aprobó en el Decreto-ley el pasado 27 de diciembre, que entró en vigor el 29 de diciembre, prorrogar un año más estos gravámenes. Es decir, en 2025 a través de la tasa a banca y energéticas se gravarán los ingresos de 2024; y a través del impuesto a las grandes fortunas, se gravará el patrimonio de los contribuyentes que supere los tres millones de euros. El Gobierno sacó adelante ambas tasas en diciembre de 2022, pero sólo para dos años. Con este cambio lograba extenderlas, al menos, un ejercicio más.
No obstante, el decreto, aunque ya se haya publicado en el BOE y haya entrado en vigor, al establecer normas con rango de ley debe ser convalidado por el Pleno del Congreso en un plazo máximo de treinta días. De momento, PP, Vox, Junts y Podemos ya han asegurado que votarán en contra del Real Decreto-ley, lo que supondrá su derogación automática en el momento que el BOE publique los resultados de dicha votación.
Las alternativas del Ejecutivo para sacar adelante la prórroga de los impuestos son pocas y pasan por negociarlos con los partidos de la oposición. El Gobierno aún tiene todo 2024 para sacar adelante la extensión de los tributos. Las opciones pasarían bien por iniciar la tramitación de un proyecto de ley, que necesitaría ser aprobado por el Consejo de Ministros, recopilar los informes consultivos pertinentes y pasar por el Congreso y el Senado, o bien podría sacarlos adelante también a través de un nuevo Real Decreto-ley, pero que cumpla con las exigencias de los distintos partidos políticos para asegurarse así el 'sí' en su convalidación en la Cámara Baja.
Cabe recordar que la Administración recaudó 2.900 millones de euros en 2023 por el gravamen a la banca y a las energéticas. La tasa se aplicó sobre los ingresos de las compañías logrados en 2022. La recaudación por la tasa a los ricos fue de 623 millones de euros, un 60% inferior a la previsión de Hacienda de 1.500 millones.
No obstante, estas no serán las únicas medidas que quedarán borradas del mapa con la derogación del Real Decreto-ley de medidas anticrisis. Su supresión también conllevará el fin a la rebaja del IVA de la electricidad, el gas y los alimentos básicos, así como las ayudas al transporte.
Las medidas que decaen
El Gobierno también coló en este Decreto-ley la potestad para que la Agencia Tributaria pudiera exigir la obligación de presentar la declaración de la Renta exclusivamente a través de medios telemáticos. Una norma muy polémica ya que el Tribunal Supremo tumbó este verano la Orden ministerial de 2019 que obligaba a hacer la declaración exclusivamente por vía digital. Con la introducción de esta medida en este decreto anticrisis el Ejecutivo se aseguraba que la norma tenía rango de ley, evitando un segundo fallo en contra de los tribunales.
Además de este Real Decreto-ley, el Ejecutivo aprobó otros dos más, uno para sacar adelante las reformas pactadas con Europa para poder solicitar el cuarto desembolso de los fondos Next Generation y otro de medidas de Trabajo y para la conciliación laboral y familiar. Estos dos textos también deben convalidarse en el Congreso y, a pesar de que el Ejecutivo negocia con los partidos los apoyos, de momento prima el no poniendo en jaque estas medidas.
Así, se quedaría sin efecto la ley de eficiencia procesal y digital de la Justicia que acomete una exhaustiva reforma en la Administración promoviendo los juicios por la vía telemática y el teletrabajo entre los profesionales del sector. Esta es una de las reformas más demandadas por la Unión Europea.
Del mismo modo, también quedaría en el aire la reforma de la Administración pública que establece un nuevo sistema para medir e incentivar la productividad de los funcionarios. La norma introduce evaluaciones anuales para los empleados públicos, que en función de su resultado, conllevará la retirada el empleado de su puesto o una mejora salarial. Por otro lado, también quedaría borrada del mapa la nueva ley del mecenazgo que incluye mayores incentivos fiscales tanto para las propias organizaciones sin ánimo de lucro como para las personas físicas y empresas que realicen donaciones.
Entre las medidas en materia laboral que quedarían derogadas destaca la ampliación del permiso de lactancia hasta los 28 días para todos los trabajadores. También quedaría sin efecto la prórroga que dio el Ejecutivo a empresas y universidades para dar de alta en la Seguridad Social a los becarios no remunerados. El Gobierno permitió retrasar esta obligación hasta final de marzo en vez de iniciarse el 1 de enero. Finalmente, queda sin efecto la obligación para los servicios de pago de reportar a Hacienda las compras online que se realizan en España a vendedores extranjeros.
Daño menor en la subida de las pensiones
El decreto anticrisis también fija una subida de las pensiones retributivas del 3,8% y una dotación adicional para las pensiones no contributivas o mínimas. A pesar de que esta medida también decaería, tendría menos impacto en los pensionistas, que verían igualmente actualizada su pensión, porque estas ya están ligadas por ley a la subida del IPC. Concretamente, la ley de 2021 de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, estableció la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del IPC del año previo. De hecho, según los expertos políticos consultados, este nulo perjuicio a las pensiones hace que los distintos partidos se puedan posicionar en contra de los Reales Decretos-ley del Gobierno sin que resulte antipopular.
