El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, considera que es necesario que la Administración acabe con el actual estigma concursal, que desde la entrada en vigor de la reforma de la ley hace ahora nueve meses.
Así, Pich ha explicado que "este estigma se ha evidenciado en las trabas que las empresas en concurso han tenido de cara a la concesión de ayudas tras la pandemia por Covid, para solicitar subvenciones o para contratar con la Administración Pública, lo que, quizá, ha podido limitar sus opciones para salir adelante".
En la presentación de la Guía de actuación de la empresa ante la insolvencia, Pich ha comentado que "el problema es que una amplia mayoría de las empresas con dificultades de solvencia están echando la persiana a las bravas, sin cumplir son las exigencias legales, lo que conlleva graves problemas para quienes eluden el concurso"
Según Bárbara Pitarque, vicepresidenta 2a del Registro de Economistas Forenses (Refor) y coordinadora de la guía, "ante una situación de insolvencia, hay que acudir al procedimiento establecido y evitar el simple persianazo. De lo contrario, pueden producirse problemas legales de todo tipo y condicionar la posibilidad de poder administrar otras sociedades. Hay que tener en cuenta que un acreedor o acreedores pueden instar un concurso necesario y se abre una pieza de culpabilidad para el insolvente".
Así, el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal, explica que "al cabo de cinco años sobrevive el 40% de las empresas, lo que muestra el escaso número de los concursos que se desarrollan en España frente a ese 60% de empresas que desaparecen. Muchas de ellas cierran directamente sin acudir al concurso.
Por ello, Vidal estima que en ocasiones se actúa así por desconocimiento y en otras por el coste que les supone a empresas que están en una situación económica muy delicada.
"Si tomamos los datos de los registradores del primer trimestre, de los 4.895 deudores concursados, muchos de ellos personas físicas, el 70% no tenían dinero para hacer frente a los gastos del proceso. Cerrar a las bravas no es recomendable. La calificación de los concursos también condiciona a los empresarios, pues temen que ante la insolvencia se les pueda achacar una cierta responsabilidad", explica el directivo de Cepyme.
A estas alturas, uno de los problemas fundamentales que limitan el acceso al sistema de las micropymes es la inexistencia de la plataforma pública de liquidación. Según Bárbara Pitarque, "es verdad que no está en funcionamiento y desconocemos como va a funcionar. En la actualidad, se puede acudir a las plataformas privadas o a la subasta judicial".
Tampoco existe mucha información sobre el rastreo de activos de las micropymes, puesto que la plataforma de liquidación no permite hacer nada y no hay herramientas que unifiquen todos los sistemas de ventas de las empresas privadas y la subasta judicial. "Lo que sí se pretende con el sistema de microempresas es que se pueda seguir la trazabilidad desde el valor inicial que aparece en la plataforma cuando se incorporan los datos del activo hasta la salida de la liquidación. Esta diferencia a nivel estadístico puede ser una información de mucha utilidad, Esta trazabilidad se conseguirá cuando se pueda enlazar la plataforma con los formularios de microempresas", estima Pitarque.
Finalmente, el presidente del Refor, Miguel Romero, preguntado sobre el impulso de las derivaciones de responsabilidad tributaria promovida por la Aeat sobre los administradores concursales. Ha señalado que "la información que tenemos del propio Ministerio de Hacienda no existe ninguna instrucción para que haga una actuación general. Existen casos muy puntuales. Nosotros en el Consejo tenemos conocimiento de cinco que se han producido en nuestros colegios y son muy diferentes".
"Ahora estamos en color naranja, no rojo - ha indicado-, porque entendemos que no hay una política agresiva por parte de la Agencia Tributaria Estatal. Si es preocupante, en los casos que se están dado, que la Aeat derive esa responsabilidad al administrador concursal cuando entendemos que no procede".
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