En 2006 Juanes cantaba 'A Dios le pido', Brokeback Mountain triunfaba en los Oscar, el Barça era campeón de Liga con Samuel Eto'o de pichichi, Fernando Alonso ganaba su segundo mundial, la Sexta comenzaba sus emisiones, moría la más grande, Rocío Jurado … Y cuatro de cada cinco ayuntamientos andaluces ya tenían en vigor la normativa urbanística, PGOU, por la que 17 años después aún se rigen. Buena parte de esos PGOU, para más inri, fueron aprobados en los años 80 y 90, con lo que las principales herramientas para planificar el futuro de los pueblos y ciudades de la comunidad están absolutamente desfasadas. La Junta de Andalucía ha iniciado los trabajos para la revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que lleva vigente desde 2006, con lo que está obsoleto, y en buena medida es un tapón para el desarrollo urbanístico, no responde a las exigencias actuales en sosteniblidad, ni a las necesidades residenciales, ni favorece la atracción de empresas en la comunidad.
Según ha explicado la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, sólo 135 municipios andaluces, el 17% de los 785 que hay en la comunidad, ha podido aprobar un PGOU en el periodo de vigencia del actual POTA en los últimos 17 años. El 83% tiene planes desfasados.
Hasta la reciente aprobación de la Ley de Impulso y Sosteniblidad del Territorio en Andalucía (LISTA) en 2022, la normativa básica en la comunidad era la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que entró en vigor en 2003, además del plan de ordenación conocido como POTA, vigente desde 2006. La ley obligaba a los municipios a cambiar sus planes urbanísticos. Pero pocos lo han conseguido en más de tres lustros.
Pocos avances
Cuando Juanma Moreno constituyó su gobierno en Andalucía en 2019, 607 municipios de los 785 (un 77%) no se habían adaptado aún a la LOUA. De ellos, el 82% se encontraba tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 están "atascados en la farragosa tramitación" exigida por la normativa, en palabras de la anterior consejera de Fomento y hoy alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo. En prácticamente un lustro apenas cuarenta municipios han conseguido aprobar su PGOU.
Mientras que antes de la entrada en vigor del POTA la tramitación de un PGOU, entre la aprobación inicial y la definitiva, exigía de media 2,7 años para salvar todos los trámites, en la actualidad esa media se sitúa en 9 años. Si se añaden los estudios previos y avances, los tiempos se elevan por encima de la década.
Había además un añadido importante en lo relativo a la seguridad jurídica. En 17 años el POTA ni se ha completado en el desarrollo previsto ni está ya adaptado a la legislación actual en el ámbito europeo y nacional. Lo farragoso de la legislación hacía además que los planes urbanísticos que salían adelante fueran fácilmente impugnables en los tribunales por defectos de forma. Muchas ciudades vieron así como tras ímprobos esfuerzos para aprobar un PGOU el TSJA se lo anulaba.
Tapón al desarrollo
En esta maraña administrativa y legal quedaban atrapados durante años proyectos empresariales de envergadura, industrias con necesidades urgentes, familias que necesitaban nuevas viviendas, zonas urbanas asfixiadas sin zonas verdes … Los ayuntamientos parcheaban como podían las urgencias con modificaciones puntuales, pero sin un diseño armónico y sostenible de la ciudad. Ya no eran sólo los parches. Es que los PGOU tienen en muchos casos treinta o cuarenta años. Ni las necesidades de las ciudades eran las que son ahora, ni la conciencia ambiental y las exigencias de sostenibilidad tampoco.
La LISTA recoge que el POTA tiene como finalidad lograr el equilibrio y la cohesión social y económica del territorio, mejorar la competitividad territorial en aras de propiciar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o promover el uso racional de los recursos naturales. Además, busca lograr un territorio más resiliente y menos vulnerable ante el cambio climático, entre otros objetivos.
Su revisión servirá, por tanto, para planificar cómo será el territorio andaluz en los próximos años dando respuesta a retos como la sostenibilidad, la demografía, la movilidad y el cambio climático, además de establecer un marco de coordinación de las políticas sectoriales que se despliegan en Andalucía.
Participación
El gobierno pretende lograr la "máxima participación de los sectores implicados (principales agentes sociales y económicos, administraciones y entidades públicas afectadas...) para alcanzar un texto de consenso", ha explicado la consejera Díaz.
El tiempo previsto para la revisión es de 32 meses. Una vez que se culmine este proceso, la revisión del POTA será aprobada en Consejo de Gobierno y posteriormente se remitirá al Parlamento para su aprobación.
Este trabajo de actualización del POTA se ha iniciado con la adjudicación, por importe de 2,6 millones de euros y una duración de 32 meses, de un contrato de apoyo técnico para la elaboración y redacción de los documentos del citado plan y de la Evaluación Ambiental Estratégica, así como de la gestión del proceso de participación.
