
La Comisión Europea ha lanzado a consulta pública una propuesta de directiva para endurecer el control de las inversiones extranjeras directas que puedan suponer un riesgo para la seguridad y el orden público de un país de la UE o de su conjunto. Bruselas considera inversiones de riesgo las realizadas en infraestructuras críticas, tecnología o en materias necesarias para producir bienes.
En la actualidad ya existe un reglamento para controlar estas inversiones que se aplica desde octubre de 2020, por el que los Estados miembro pueden imponer condiciones al inversor o anular la operación y que ahora plantea modificar para establecer un control más férreo.
La propuesta de la Comisión pasa por no controlar solo a personas y empresas extranjeras que quieran invertir en la UE, también a empresas que tienen su residencia dentro de la Unión pero que sean propiedad o estén controladas por personas de fuera. Bruselas también señala que los mecanismos de control actuales no cubren el conjunto de la UE, de modo que los Estados miembro pueden decidir no controlar estas inversiones que llegan a su país, habilitando así un punto de entrada al conjunto del mercado único para las inversiones que pudieran plantear riesgos. Además, expone que la diferencia entre los mecanismos de control en cada país son "una laguna" para la entrada en el mercado único y que hay poca homogeneidad en los aspectos procedimentales de los sistemas nacionales de control de las inversiones.
Según la Comisión, la experiencia adquirida con el actual reglamento sobre las inversiones extranjeras directas ha puesto de manifiesto que la falta de cooperación en materia de inversiones intracomunitarias, cuando el inversor directo está controlado por entidades jurídicas no pertenecientes a la UE, crea un riesgo significativo de que dichas inversiones pasen desapercibidas.
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